Quito, 26 Jun (La Calle).- La Comisión de Fiscalización tiene que mocionar el orden de los juicios políticos pendientes en la Asamblea Nacional. Con los nuevos interpelantes y plazos del juicio al exministro de Energía, René Ortiz, este proceso debe tratarse al final. Así lo explica el abogado Xavier Aguilar.
«El nuevo período legislativo y la derivación de los juicios políticos termina por suspender los tiempos de los oficios. La Comisión de Fiscalización debía subsanar este problema sin llevarlo al Pleno. En la sesión del viernes solo se habló del juicio político contra Ortiz porque los plazos terminaban. El pleno dotó de los mismos tiempos para el juicio a Ortiz integrando dos nuevos interpelantes», explicó para Radio La Calle.
Deacuerdo con el experto, esa decisión cambia el orden de prelación, es decir el derecho de prioridad que tiene una persona o asunto con respecto a otros. «Debería ir primero el juicio de Celi, luego el del Defensor Freddy Carrión y al final el del exministro Ortiz», agregó.
¿Entonces?
«El pleno de la Comisión debe resolver mediante una moción cuál juicio va a tratar primero. Si la Comisión no trata el de Celi primero entonces existe un encubrimiento ¿Qué favores les debe Celi? ¿A qué favores responden varios integrantes de la Comisión?», alerta el jurista.
La pregunta que debe hacerse la Comisión es «¿cómo lo tratamos? ¿Dejamos el juicio de Celi que es más importante que el de Ortiz? En el caso de Ortiz ya no existe proceso de destitución al ser un exfuncionario. Celi todavía sigue en funciones.
Aguilar añade que si dejan al final el proceso contra el contralor subrogante «podría denotarse que existe un encubrimiento en vista de favores políticos que le deben a Celi, quien sin ningún tipo de estupor sigue trabajando desde la prisión».
Legitimidad
Celia todavía trabaja desde la cárcel sin ningún problema legal lo que le quita legitimidad a la Contraloría. «Esa legitimidad solo existe en el ejercicio pleno de funciones no desde la cárcel sino en un despacho».
Explicó que «se supone que en la cárcel no existe acceso a ningún tipo de coyuntura para saber lo que ocurre en la institución que dirige. Prácticamente trabaja dando palos de ciego».
El CPCCS
Sobre el comunicado del Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social (CPCCS), el experto lo calificó como «una payasada» ya que existe la posibilidad de empezar un concurso para elegir Contralor.
«Cuando detienen a Celi él pide licencia para vacaciones que duran 60 días, pero ese plazo terminó. Después vino el tema del Covid-19 y la licencia por baja médica que debió revocarse cuando le dieron el alta. Con todo esto solo falta que el CPCCS declare el abandono del cargo e inicie el proceso de selección».
El experto recordó las inconsistencias en el período de Julio César Trujillo. «Si el Trujillato nos dejó 6 meses sin Corte Constitucional ¿por qué no podría el nuevo Consejo poner nuevos plazos para la ejecución de procesos en Contraloría y empezar el concurso de méritos? Lo puede hacer».
