Quito, 16 nov (La Calle).- El Pleno de la Asamblea Nacional, con 130 votos afirmativos, resolvió exigir el cese de todas las formas de violencia política contra las mujeres parlamentarias, servidoras legislativas y autoridades mujeres de todos los niveles de gobierno.
También vigilar el cumplimiento de las sanciones que se impongan a quienes han sido señalados como agresores, de conformidad con lo previsto en las normativas vigentes orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
La Legislatura rechazó las amenazas de daño físico, psicológico, acoso, intimidación, abuso, difamación y desinformación basados en estereotipos de género, expresadas de forma escrita y verbal o a través de las diferentes plataformas digitales, dentro y fuera del recinto parlamentario.
Además, instó a los legisladores a cumplir de manera obligatoria esta resolución y garantizar la igualdad de género y verdadera democracia dentro del Parlamento ecuatoriano. De igual forma, pidió a los medios y profesionales de comunicación que cumplan con la normativa de igualdad y no discriminación, establecida en la Constitución.
“Basta a la violencia política de género en el Pleno, basta de usar las diferencias políticas, las diversidades de pensamientos, las diferencias ideológicas para atacar, agredir y violentar a quienes no piensan igual. Nunca más una legisladora puede ser atacada por expresar sus ideas”, argumentó Ana Cecilia Herrera, de UNES y promotora del proyecto de resolución.
Herrera informó que en Ecuador, según lo reportado por el Observatorio de Participación Política, solo en octubre se registraron 15 agresiones a asambleístas, las más frecuentes son: intimidación y difamación, que incluye insultos, uso de nombres ofensivos y estereotipos basados en la apariencia física. Estos ataques ocurren, frecuentemente, en redes sociales.
Debate
En el debate intervinieron 21 asambleístas. Las parlamentarias rechazaron y condenaron los actos de violencia, machismo y mensajes misóginos. Aseguraron que se enfrentan a un sistema que las violenta y excluye de lo público.
Recalcaron que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación a las relaciones de poder, históricamente desiguales, entre mujeres y hombres. También expresaron que se ha vuelto costumbre calumniar, humillar, denigrar y atentar contra los derechos humanos, por su género.
El pasado 4 de noviembre, el asambleísta Diego Ordóñez, de CREO, agredió a la legisladora de UNES, Mónica Palacios, través de su cuenta de Twitter. Palacios denunció a Ordóñez, ante la Asamblea, por violencia política.
En la sesión 738 del Pleno, Ordóñez se abstuvo de votar por el proyecto de resolución en contra de la violencia política contra las mujeres. En su cuenta de Twitter, la asambleísta Palacios escribió: “Como era de esperarse, el asambleísta Diego Ordóñez se abstuvo de votar a favor del proyecto de resolución en contra de la violencia política contra las mujeres. Y jamás admitió los insultos en mi contra. ¡EXIJO la máxima sanción para este agresor!”
