Quito, 4 oct (La Calle).- Tras las revelaciones de los Pandora Papers, que vinculan al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, con empresas offshore, el asambleísta Fernando Villavicencio solicitó información actualizada al mandatario sobre el caso.
“Sírvase informar documentadamente, si en la actualidad usted mantiene algún vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, compañías y fundaciones mencionadas en el reportaje de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)”, señala el requerimiento
Asimismo, señala que esta petición la hace en virtud de las publicaciones de medios nacionales e internacionales sobre la constitución y apertura de empresas en paraísos fiscales, presuntamente de propiedad de artistas, empresarios, deportistas, exmandatarios y mandatarios de varios países.
Villavicencio reiteró que no solo investigará los Pandora Papers, sino también la vinculación de exfuncionarios en los Panama Papers.
Por su parte, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral información para determinar si los organismos electorales cumplieron con sus atribuciones, dentro del marco legal que impide a los candidatos tener recursos en paraísos fiscales y si Guillermo Lasso cumplió con lo contemplado en la Ley.
“En ejercicio de mis atribuciones para fiscalizar los actos del poder público y de conformidad al artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito me haga llegar copias certificadas del expediente de la causa No. 090-2020-TCE”, menciona la misiva.
Desde esta bancada piden al Ejecutivo una explicación urgente. También enfatizan en que la Asamblea Nacional debe conformar una comisión multipartidaria para que inicie una investigación al respecto.
Según la investigación del ICIJ, Lasso recurrió a 14 sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos y se deshizo de gran parte del entramado offshore después de que, por ley, se prohibió a los candidatos presidenciales ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.
