Quito, 27 nov (La Calle).- Después de seis años, la Comisión de la Niñez tenía listo el informe para segundo debate del Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), sin embargo, el debate se suspendió. Existen grandes controversias en las reformas a los artículos, entre ellas las sanciones a los adolescentes infractores.
«¿Qué vamos a debatir si ni siquiera han leído el texto?«, dijo la presidenta de la mesa parlamentaria, Pierina Correa, frente a la polémica del informe y a un supuesto ataque mediático.
La legisladora señaló que ninguna parte del texto establece que las personas del mismo sexo puedan acceder a la adopción, pues no existe una sentencia formal de la Corte Constitucional (CC). Respecto al tema del aborto, Correa resaltó que la Asamblea debe trabajar en el marco de la CC y que no se está promoviendo el aborto, incluso, indicó que ella es provida.
En torno al juzgamiento de adolescentes infractores, recordó a los legisladores que el país está suscrito a convenios internacionales. Asimismo argumentó que condenar a los menores de edad como adultos no sería la solución al combate contra la violencia, ya que los adolescentes estarían en riesgo de ser violados y reclutados por las bandas delictivas al interior de las cárceles.
Informe de Minoría
Por su parte, el asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) presentó un informe de minoría que propone reducir la edad de imputabilidad de 14 a 12 años. De ser aprobado, los adolescentes desde los 12 años podrían enfrentar procesos judiciales similares a los de los adultos, además de que aquellos que cumplan la mayoría de edad durante su condena podrían ser trasladados a cárceles de adultos.
Peñafiel argumentó que estas reformas buscan desalentar la participación de menores en bandas narcodelictivas. “Es un mensaje claro para que los adolescentes rechacen las ofertas de dinero y vivienda que las organizaciones criminales utilizan para captarlos”, afirmó.
Preocupación internacional y paralelismos con Perú
La discusión en Ecuador se da en un contexto regional con casos similares en países vecinos. Unicef manifestó recientemente su preocupación por una ley aprobada en Perú que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años para delitos graves. Javier Álvarez, representante de Unicef en Perú, advirtió que medidas de este tipo generan una “falsa sensación de seguridad” y comprometen los derechos y la reinserción social de los menores.
Álvarez recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por ambos países, establece que los Estados deben fijar una edad mínima de responsabilidad penal adecuada al desarrollo psicológico y social de los menores.
Debate nacional en Ecuador
En Ecuador, el debate enfrenta posturas encontradas. Mientras algunos legisladores y ciudadanos respaldan la medida como una respuesta urgente a la inseguridad, otros advierten sobre las implicaciones éticas y legales. La propuesta todavía no tiene fecha para su discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero la polarización que genera anticipa un debate intenso en las próximas semanas.
Con las cifras de inseguridad en aumento y la presión por soluciones inmediatas, la pregunta central sigue siendo si las reformas propuestas lograrán el equilibrio entre justicia y derechos humanos. (AGM).
