Pamela Benalcázar
Quito, 1 feb (La Calle).- La Función Judicial suspendió el pedido de remoción del cargo de la presidenta del del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitido por los cuatro consejeros del organismo. La razón se debe a que esta competencia no está dentro de las funciones de los implicados
Se suspendieron provisionalmente los actos que emita el pleno de Participación Ciudadana y Control Social. Esto implicaba la destitución de la presidenta del organismo debido a que estas competencias no están dentro de las funciones de los consejeros.
¿Qué pasó?
El pasado 27 de enero, se emitió la moción para que remueva a la Presidenta del CPCCS, Sofía Almeida de su cargo alegando que, entre otras cosas, suspendía sin razón las sesiones del organismo y la falta de transparencia en la designación de autoridades a cargo.
“Son cuatro consejeros que quieren removerme de una forma ilegal. Simplemente porque no sucumbo a las presiones del poder a la que ellos son serviles” dijo Almeida en una rueda de prensa tras conocer las medidas de la Función Judicial.
Además, se dictaminó que la medida tendrá vigencia “mientras dure la posible afectación del Derecho Constitucional a la seguridad jurídica”. Esta orden se remitirá a la Corte Constitucional y Contraloría General del Estado. En caso de desacato serán sancionados como lo disponen las garantías jurisdiccionales constitucionales
La presidencia de este organismo dura por dos años, según lo dictamina la ley, no obstante, en caso de presentarse irregularidades, “la Asamblea Nacional es la única entidad que puede fiscalizar y pedir la remoción de este cargo” aseveró Almeida
Presión política
Durante la rueda de prensa la presidenta habló de las presiones reiterativas y ataques hacia ella y su familia por redes sociales. “Hay una campaña de desprestigio para removerme del CPCCS, los medios de comunicación se prestan para la desinformación” señaló.
Implicados
Los consejeros que presentaron el pedido de moción de destitución de la presidenta fueron María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán liderado por Francisco Bravo. Según la actual presidenta, tal pedido corresponde a un conflicto de interés que implica la “ambición” de Rivadeneira por ocupar el cargo de una manera ilegal.
