Hospital Teodoro Maldonado Carbo

Quito, 11 sep (La Calle).- La jueza Marcela Ortega dispuso medidas de arresto domiciliario y enajenación de bienes contra Luis Jairala Z. este viernes 11 de septiembre. Jairala cumplía el rol de exdirector del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil cuando supuestamente infringió en el delitos de corrupción y delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga presuntos delitos cometidos en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Los principales implicados serían el exdirector del centro médico, Luis Jairala Z., y otros 12 funcionarios públicos supuestamente artífices del delito de peculado. Mientras tanto, las decisiones judiciales de Marcela Ortega determinaron arrestro domiciliario para Jairala y prisión preventiva contra otros tres implicados en el supuesto delito.

Según la tesis de Fiscalía, los delitos acontecidos en este centro médico provocaron al Estado ecuatoriano un perjuicio de al menos USD 12 millones. La FGE basó su cálculo en la indagación  de 18 contratos con presunto sobreprecio.

Antecedentes

En julio, el juez Patricio Vidal dictó prisión preventiva contra el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Z. Los cargos implicaban delitos de delincuencia organizada. Por ello, Teresa Rivas, abogada del acusado, se manifestó contra esta medida. Afirmó que su cliente padece problemas cardíacos y otros cuadros clínicos. “Si es de ir a prisión, él irá. Pero no huirá del país”, argumentó Rivas.

Semanas más tarde, Rivas también declaró que Jairala había sido víctima de Covid-19. Así, la prisión preventiva en su contra era una posibilidad cada vez más remota.

En el marco de la crisis sanitaria, cada vez más casas de salud revelan su condición de puntos estratégicos de presuntas redes de corrupción más grandes. Incluso las escasas iniciativas de la Fiscalía señalan la existencia de una supuesta red de corrupción articulada alrededor de las casas de salud. Así, altos funcionarios del Estado, legisladores y, por supuesto a un nivel jerárquico inferior, directores de los centros médicos, serían integrantes de un presunto reparto de hospitales como cuotas políticas. (JBS)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *