Quito, 5 de febrero de 2025 (Agencia de Noticias) – La jueza Nubia Vera convocó a una audiencia el próximo 7 de febrero para determinar si el Ministerio del Trabajo ha cumplido con las medidas de reparación dictadas en favor de la vicepresidenta Verónica Abad.
Dominique Dávila, defensa de la segunda mandataria, señaló que la sentencia del 23 de diciembre de 2024, que dejó sin efecto la suspensión de la vicepresidenta por 150 días a través de un sumario administrativo, no ha sido cumplida en su totalidad.
“Hemos solicitado a la jueza Vera que convoque a las partes procesales para que expliquen las razones del incumplimiento. Vamos a pedir sanciones para las autoridades responsables, ya que este desacato podría derivar en la destitución de los funcionarios involucrados”, enfatizó Dávila en entrevista para Sonorama.
La acción de protección aceptada por la jueza Vera concluyó que la suspensión de Abad vulneró varios derechos constitucionales, entre ellos la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso.
Como medidas de reparación, ordenó al Ministerio del Trabajo que emita una disculpa pública a la vicepresidenta a través de un mensaje a la nación y coloque una placa en su sede con un mensaje en favor del «respeto a la Constitución y los derechos laborales». Además, dispuso la devolución de los haberes económicos que Abad dejó de percibir desde su suspensión y exigió garantías de no repetición.
Sin embargo, según la providencia emitida por la jueza el 31 de enero, la Defensoría del Pueblo no ha informado si se ha ejecutado la sentencia. Asimismo, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la funcionaria que firmó la sanción, Ruth Avilés, tampoco han cumplido con las disposiciones judiciales.
Un escenario complejo
El incumplimiento de esta sentencia se suma a un complejo entramado de tensiones entre Abad y el gobierno de Daniel Noboa. La vicepresidenta se ha mantenido en el país, pese a la orden del Ejecutivo de trasladarse a Turquía para ejercer funciones diplomáticas. Mientras tanto, el gobierno ha promovido la designación de Cinthya Gellibert como vicepresidenta encargada.
La audiencia del 7 de febrero también se produce en medio de una investigación sobre presuntas presiones ejercidas sobre la jueza Vera. La magistrada ha denunciado ante la Fiscalía que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la habría presionado para emitir un fallo en contra de Abad. Este señalamiento agrava el panorama de interferencias en la justicia y refuerza las dudas sobre la independencia de las decisiones judiciales en el país.
A medida que se acerca la segunda vuelta electoral, el caso de Verónica Abad sigue siendo un punto de fricción en la política ecuatoriana. Con la posibilidad de que el incumplimiento de la sentencia genere nuevas sanciones para el gobierno de Noboa.
