Quito, 22 abr (La Calle).- La jueza Cecilia Pareja aceptó parcialmente la acción de protección presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán. La magistrada rechazó que el Gobierno cancele los USD 256 millones que la cabeza del CJ pedía, pero aceptó que se vulneró el derecho a la justicia.
El Ministerio de Economía, a través de un comunicado, indicó en 30 días se priorizarán los proyectos de inversión y las necesidades judiciales para mejorar su ejecución.
«Cualquier asignación de recursos se realizará siguiendo el debido proceso y priorizando las necesidades de la ciudadanía», reza el comunicado.
Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, días atrás ya rechazó la exigencia de Terán. Según el funcionario, no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura.
Además, refirió que la acción del representante del CJ solo tiene la intención de politizar la economía.
«Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos», dijo en Contacto Directo.
Mientras tanto, el presidente de la Judicatura, a través de su cuenta de Twitter, explicó que por orden de la jueza el presupuesto a la Función Judicial se debe reestructurar de manera urgente. Con esto, se crearán mesas técnicas entre la Judicatura, Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación.
Terán contra Lasso
El dirigente del CJ presentó una acción de protección contra el jefe de Estado Guillermo Lasso por la falta de presupuesto en la función Judicial, el pasado 3 de abril.
Terán apuntó que el déficit en el organismo es de casi USD 256 millones que serían destinados para cubrir proyectos de transformación tecnológica de la justicia, infraestructura y modernización del sistema notarial.
La institución solicitó USD 374 9 millones para el 2023 y todos los recursos que hagan falta. Sin embargo, solo se aprobaron USD 337 millones.
“Estas cifras revelan que existe un ataque un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello hay una vulneración de derechos”, afirmó. (N.J.C)
