Quito, 02 sep (La Calle).- El juez Jaime Oña de la Unidad Judicial de Orellana negó la demanda constitucional de las comunidades kichwas y organizaciones de derechos humanos contra el Estado ecuatoriano, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
La demanda también involucra a las empresas petroleras responsables del derrame de crudo el pasado 7 de abril.
“La acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”, sentenció el juez Oña.
Además, negó las medidas cautelares “al no haber justificado la gravedad como la inminencia de las vulneraciones de los derechos constitucionales, que son materia de la pretensión, y al no cumplirse con los requisitos”.
Sin embargo, la misma autoridad reconoció que “es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos. Además,se que produjo un derrame de petróleo que ha originado afectaciones en las poblaciones de los ríos Coca y Napo”.
Los hechos
Las comunidades afectadas señalaron que desde abril los ríos están contaminados y no han podido acceder a agua y alimentos. Se presentaron también 60 pruebas documentales, 17 amicus curiae y declaraciones de expertos científicos.
El derrame de crudo afecta a 27 mil indígenas de 109 comunidades y se lo considera uno de los peores en los últimos 15 años.
