Quito, 11 may (La Calle). – La presidenta de la Corte Provincial del Azuay, Alexandra Vallejo Bazante, recordó al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, que los jueces no dictan leyes, sino que las aplican.
«Jueces y juezas no dictamos leyes, las aplicamos. No garantizamos la seguridad al interior de los centros de rehabilitación ni controlamos el ingreso de armas. Por tanto, el SNAI es el único responsable de la crisis carcelaria», sostuvo en un comunicado público.
Estas aclaraciones las hizo ante las desacertadas declaraciones de Ramírez de que “las decisiones judiciales no permiten tener la gobernanza de los centros de reclusión”. Asimismo, dijo que el traslado de 124 reos desde Turi a la cárcel de Santo Domingo, fueron por sentencias de habeas corpus.
Alcance del habeas corpus
Ante estas aseveraciones, Vallejo le explica al ministro que el habeas corpus es una garantía constitucional consagrada en la Constitución. Señala que en el caso de privados de libertad busca garantías de su integridad psíquica, moral y sexual, que se respete su derecho a no ser torturados, tratados de forma cruel, inhumana o degradante.
Además, sostiene que con las masacres que se vienen perpetrando es lógico el temor que tienen las personas privadas de libertad de ser la próxima víctima y, por ello, interponen estos recursos.
Culpa de SNAI
Le recuerda, también, que la carga de pruebas en este tipo de acciones la tiene el Estado, a través del SNAI. Sin embargo, denuncia que en las audiencias los funcionarios de la institución tienen un papel pasivo y su defensa es nula. Asegura, además, que en la mayoría de casos ni siquiera se interponen recursos deapelación.
Vallejo reitera que los jueces son garantes de los derechos y que los privados de libertad merecen atención prioritaria del Estado, por su situación de vulnerabilidad.
«No somos responsables de las masacres ni de la seguridad interna de los
centros de rehabilitación, esa responsabilidad la tiene el SNAI. Institución que ha perdido el control de la ceguridad de los centros, permitiendo el ingreso de armas letales», dice el documento.
Rechaza que se pretenda trasladar la responsabilidad del Gobierno a los operadores de justicia, quienes también son ciudadanos y «miran con horror los actos de violencia extrema al interior de los centros de rehabilitación».
