Abdala Bucaram, ex presidente del Ecuador. Foto: El Comercio.

Quito, 24 ago (La Calle).- Los jueces Fabian Fabara Gallardo, Inés Romero Estévez y Leonardo Barriga Bedoya, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, negaron la solicitud de hábeas corpus presentada por la defensa del expresidente Abdalá Bucaram. Con este trámite, el exmandatario deberá continuar con arresto domiciliario por el presunto delito de delincuencia organizada.

El trámite de hábeas corpus inició a las 11:00 de este lunes 24 de agosto. Esto, después que el Tribunal aceptara a trámite la demanda el pasado viernes 21 de agoto a las 21:00. A esa hora la defensa recibió la notificación. Por este motivo, la jueza Luz Marina Serrano debió entregar un informe motivado sobre su decisión.

Serrano fue quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario y vigilancia policial durante las 24 horas a Bucaram.

Delincuencia organizada

De acuerdo a la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados en el caso conformaron un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas». Ellos, dijo, operaban en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Según desprendieron las primeras investigaciones, el grupo nació para beneficiarse económicamente sobre la venta de insumos médicos a hospitales públicos. Entre ellos está la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas, productos necesarios en medio de la emergencia sanitaria.

Además de la delincuencia organizada, la Fiscalía investiga a los procesados por enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria y hasta delitos contra la vida.

Como fruto de las investigaciones, el exmandatario también es investigado por tráfico ilícito de armas y municiones y por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado. Este último, por poseer figuras de propiedad del Estado en su domicilio.

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