Quito, 22 may (La Calle).- El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, busca implementar una normativa para crear unidades de jueces, fiscales y defensores públicos con una identidad protegida.
El objetivo de esta iniciativa es el fortalecimiento de acciones para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la seguridad jurídica. El plan fue socializado en una sesión del Pleno de la institución.
“Es necesario instrumentar la normativa de jueces ya sea sin rostros o identidad protegida de jueces, fiscales y defensores para proteger los derechos de todas las personas que interactúan dentro de un procedimiento judicial”, dijo Terán.
¿Cómo se manejaría este mecanismo?
La motivación para aplicar esta medida fueron las recurrentes amenazas a los funcionarios a cargo de casos relacionados con el crimen organizado. Terán especificó que la intimidaciones surgen del acceso a la información personal.
Según él, estas vulneraciones afectan al principio de objetividad a la independencia interna y externa e imparcialidad con la que deben actuar.
Por otro lado, aclaró que la anonimización no afectaría la inmediación, pues las partes involucradas conocerían la identidad del personal al frente de los procesos. De igual manera, argumentó que la difusión auditiva de las audiencias protegerá la identidad de los jueces.
La justicia sin rostro en otros países
El sistema de justicia sin rostro ha sido implementado en países vecinos como Colombia y Perú. En el primer, caso la implementación de este mecanismo surgió como respuesta a la creciente tendencia de amenazas a los servidores de la justicia en la década de los 90.
Según datos de la Comisión Andina de Juristas (Colombia), entre 1979 y 1991, se registraron 515 casos de violencia contra abogados, jueces y magistrados. De esta cifra, 278 fueron homicidios.
Del otro lado de la moneda…
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) se pronunció respecto al caso de Wilson García vs Perú. El hombre fue sentenciado por el delito de terrorismo a través de un juez sin rostro.
Según la CIDH, existió una vulneración en el proceso, pues todo procesado tiene el derecho de conocer a sus juzgadores. »El 18 de abril de 1996 fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica», dicta la ficha técnica.
Para el abogado penalista, Ramiro García este mecanismo desembocaría en varias irregularidades en los procesos judiciales. Señaló que no se estaría protegiendo en absoluto a los jueces si las partes procesales conocen su identidad.
»Sino se estaría tratando de evitar la mala prensa que tienen por las decisiones que emiten», dijo en entrevista con Notimundo. (A.G.M).
