Fuente: DW News
Quito, 20 de ago (La Calle).- La Fiscalía General de Bolivia anunció este viernes que presentó una acusación por “genocidio” y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.
El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia “un requerimiento acusatorio” contra Áñez” que incluye cargos de “genocidio”, un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.
Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.
En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de “masacres”.
Incidencia de Ecuador
La exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.
“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.
El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.
