Quito, 02 sep (La Calle).- Este jueves, el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, fue llamado a comparecer por el supuesto delito de secuestro, que habría ocurrido durante las protestas de octubre del 2019.
En declaraciones a la prensa, Vargas aseguró que seguirán colaborando con la justicia, para que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad, sobre lo que sucedió en esos días.
“Tenemos que demostrar que somos líderes que luchamos por nuestros derechos, defendiendo nuestros territorios y nuestra organización. Todo lo que pasó en el mes de octubre tiene nombres y apellidos. Los culpables de lo que ocurrió en octubre, hoy están festejando en otros países del mundo. Están caminando tranquilamente”, sostuvo.
Por su parte, Carlos Poveda, del equipo jurídico de Vargas, señaló que con el Gobierno de Guillermo Lasso se activaron, nuevamente, las investigaciones. Según el abogado, esto respondería a un proceso de persecución, igual al que existió durante el mandato de Moreno.
“Nos preocupan los temas de discusión al interior de la Asamblea que, evidentemente, era una posición de amnistía de estos delitos y no se ha verificado”, aseguró.
Indicó que la próxima semana acudirán a la audiencia por el caso del incendio de la Contraloría. “Se ha establecido que es un autoatentado pero, lamentablemente, los causantes de esos hechos no responden ante la justicia”, manifestó.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, dijo que desde el Estado quieren acusarlos por secuestro o terrorismo. Sotuvo que pretenden ignorar que lo que ocurrió en 2019 fue una reacción colectiva ante la eliminación del subsidio a los combustibles.
“No podemos hacernos cargo de la quema de la Contraloría, cuando voces internas aseguraron que fue un autoatentado. Se pretende posicionar el tema de la violencia y, realmente, lo que sucedió en octubre fue un rechazo al modelo económico”, enfatizó.
Asimismo, dijo que no saldrán del país y que seguirán colaborando con la justicia. “Lo único que hemos solicitado es independencia. “Que exista una desclasificación de la información y allí se proceda a determinar el grado de responsabilidad de cada autoridad”, argumentó.
Refutó también que los líderes sociales estén involucrados en varios procesos legales, mientras que las autoridades que atentaron contra los manifestantes no enfrentan ningún proceso.
“Hacemos un llamado a las autoridades del Estado. No se puede desaparecer el informe de octubre, que recabó la información a partir de organismos internacionales como la ONU. También se tienen un informe exhaustivo que levantó la Defensoría del Pueblo y, a pretexto de los antecedentes del señor Carrión, lo han puesto en una congeladora”, aseguró.
