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Izquierda Democrática pide restituir a dos asambleístas de su bancada

Quito, 23 abr (La Calle).- El Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), máximo organismo del partido Izquierda Democrática (ID) tildó de “arbitraria, ilegal e injusta” la expulsión de la bancada de los asambleístas, Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira.

La ID dio a conocer su postura mediante un comunicado con fecha 21 de abril, en la que rechazaron la separación de dos legisladores. En el texto se declaró que se hizo “incumpliendo el debido proceso, los estatutos y sin garantizar su derecho a la defensa”.

“Deja entrever un ánimo de persecución y cero conciliación a la interna de nuestra organización política. Por el contrario, la mayoría del CEN respalda absolutamente la acción política que han demostrado los compañeros legisladores en la Asamblea Nacional con el tratamiento de leyes y procesos de fiscalización que benefician al pueblo ecuatoriano”, dice la carta.

En ese sentido, se exhortó al legislador Marlon Cadena, jefe de bancada de ID en la Asamblea, a reintegrar al bloque a los dos asambleístas. De esta manera, en la carta solicitó al presidente nacional del partido, Guillermo Herrera, la restitución de ambos legisladores.

Asimismo, el CEN recordó también que la mayoría de sus integrantes respaldan la acción política que han venido desarrollando Jaramillo y Moreira en la Asamblea Nacional con el tratamiento de leyes.

Destitución

Jaramillo fue separado por decisión del Consejo Nacional de Ética y Disciplina, el 28 de marzo, a raíz de una denuncia del militante Eduardo Salazar. Debido a que lo acusó de dar declaraciones que ponen en tela de duda la honorabilidad del partido.

Además, otra de las razones es porque el legislador se había expresado en contra del presidente del partido.

Asimismo, el 20 de abril, Guillermo Herrera dispuso separar a Moreira por su actuación en las sesiones dl Consejo de Administración Legislativa (CAL). En dicha sesión votó a favor de calificar la denuncia de Esteban Torres (PSC). Dicha denuncia era en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por supuesto incumplimiento de funciones.