Quito, 24 feb (La Calle).- El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que las acciones del presidente Guillermo Lasso encenderán una fogata en la que el único responsable será el Gobierno Nacional. Esto ante el incumplimiento de los acuerdos en los procesos de diálogo y la militarización de Gualel, en Loja.
Iza mencionó que en el proceso de diálogo, al que nunca asistió Lasso pero envió a sus delegados, «no se va a quedar burlado». Enfatizó que las acusaciones de «violentos» y «terroristas» por parte del régimen solo fueron una estrategia para «infiltrar» gente y «deslegitimar» los procesos de lucha de la Conaie.
«Somos dirigentes, no para tener privilegios, sino para tener un pie adelante en las luchas que nos corresponde, somos pueblo de diálogo (…) Nosotros defendemos los derechos apegados a la constitución.
Incumplimiento de los acuerdos
Lasso mantiene en su discurso que ha cumplido el 90 % de los acuerdos de las mesas de diálogo. Sin embargo, el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, desmintió estas declaraciones.
Espinoza dijo que el único avance ha sido la reestructuración de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Sin embargo, advirtió que “lo hacen a conveniencia e interés de los banqueros de las cooperativas privadas, pero no buscando beneficiar, (ayudar a) la situación de los deudores”.
Las organizaciones sociales y el Gobierno finalizaron las mesas de diálogo el 13 de octubre de 2022, más de un año y este proceso aún no se ha concretado. De hecho, el presidente de Fenocin anunció que la organización se retira de las mesa de seguimiento del diálogo nacional.
A fuerza quiere dar paso a la minería ilegal
Iza señaló que las organizaciones indígenas defenderán con «firmeza y apoyo de lucha» sus territorios que han sido violentados por las actividades extractivistas.
Además, el líder indígena declaró al presidente Guillermo Lasso como el responsable directo de los sucesos. También advirtió que, con estas acciones, el primer mandatario ha roto los acuerdos de la mesa de diálogo referente a las garantías sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada. (N.J.C)
