Quito, 14 abr (La Calle).- Ecuador firmó un contrato SAF con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese documento constan las condiciones que debe alcanzar el país para poder recibir los préstamos de este organismo, incluyendo límites en el gasto público.
Hasta el septiembre de 2021, el país debe subir a tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, del 12 al 15%. Además, debe eliminar la devolución a las universidades y tercera edad por concepto de IVA.
Para el economista Juan Pablo Jaramillo, el objetivo del compromiso con el FMI es cerrar la brecha fiscal. «Para eso proponen dos medidas. Una es un alza de impuestos, entre esos, el IVA que es un impuesto de fácil recaudación. Por otra parte, mucho más grave, es la propuesta de disminuir tres puntos del producto interno bruto (PIB) en el gasto público».
Esto daría lugar a una receta de reducir USD 3.000 millones de gasto público y aumentar dos puntos la presión fiscal para el PIB para cerrar la brecha de cinco puntos.
Incoherencia de Lasso en la propuesta
El presidente electo, Guillermo Lasso, prometió no aumentar el porcentaje de IVA, lo que chocaría con las imposiciones del FMI.
«Si no piensa subir el IVA, tendrá que encontrar otros mecanismos para que el déficit fiscal se reduzca. Lo que promovería es ahondar más en la recaudación del gasto público, lo que perjudica a la ciudadanía por la disminución en la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado», explicó Jaramillo a Radio La Calle.
Actualmente, el 85 % del gasto público se destina a educación, salud, justicia, entre otros, por lo que no hay mucho espacio para la reducción en ese rubro y, tarde o temprano, las autoridades volverán a analizar la aplicación de impuestos.
Posible escenario
«Cualquier reforma tributaria tendrá que pasar por la Asamblea Nacional. El presidente electo contará con el apoyo. Habrá una alianza con el Partido Social Cristiano, con la Izquierda Democrática e incluso Pachakutik, aunque con mayor recelo. Tendrá los votos para aprobar una ley económica urgente en materia tributaria para aumentar la presión fiscal», expresa el economista.
De acuerdo con Jaramillo, si no se trabaja en reducir la brecha fiscal y la política económica se afianza en el Estado mínimo, las oportunidades de los ecuatorianos disminuirían en un año y medio.
«Una reducción agresiva del gasto público ahondaría la crisis, habría menos circulante en nuestra economía porque los funcionarios públicos ponen el circulante y es difícil retomar el consumo y la producción. No entender que el gasto público es un catalizador del sector privado nos estancará en la crisis».
