Quito, 18 abr (La Calle).- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la etapa de actuación de pruebas en el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.
La mesa parlamentaria solicitó las comparecencias requeridas por los asambleístas interpelantes y del Jefe de Estado acusado por presunto peculado.
Para este 18 de abril, la mesa legislativa presidida por Fernando Villavicencio convocó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.
»Agradezco la invitación a comparecer ante la comisión de Fiscalización en el juicio político. Debo excusarme. De todas formas, mucho de lo que publiqué lo ha guardado durante meses Fernando Villavicencio», dijo en un tuit.
¿Quiénes darán su testimonio?
El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político, Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.
El 16 de abril, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz envió las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy y la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda.
Fiscalización informó que para el 19 de abril están prevista 13 comparecencias entre ellas la del actual gerente general de FLOPEC, Luis Lavayen y los exgerentes de la empresa pública, Oswaldo Rosero, Pilar Ferri, Jaime Condoy y Johnny Estupiñán.
El rol de Fiscalización
Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.
En un plazo de 45 días, que ya están en marcha, tanto el acusado como los interpelantes deben presentar las respectivas pruebas. Después del proceso, la mesa parlamentaria emite un informe no vinculante para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes toman una resolución definitiva. Para que el juicio político sea aprobado se necesitan 92 votos.
Sin embargo, en el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).
Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC).
¿Juicio político y muerte cruzada al mismo tiempo?
Una pregunta muy recurrente en la ciudadanía es si puede activarse el mecanismo de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político. En este sentido, Aguilar señaló que teóricamente es posible, sin embargo, no podría ejecutarse en la práctica.
Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.
»No podría la CC dar dos trámites contradictorios, mientras los dos están vigentes», dijo en entrevista a Radio La Calle.
¿Por qué la Corte admitió el delito de peculado contra Lasso?
La CC descartó las dos acusaciones por concusión al presidente Lasso. Los casos estaban relacionados con irregularidades en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.
La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.
En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones. (A.G.M).
