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Ivette Celi Piedra
Ivette Celi Piedra

Nunca olvidaremos el feriado bancario.

En las últimas décadas del siglo anterior Ecuador inició un proceso de transformación de su sistema financiero, como consecuencia de lo que ocurría en países como Estados Unidos, Chile, Colombia, entre otros; donde la lógica neoliberal apuntaba al fortalecimiento del capital empresarial y la desregulación financiera.

Es importante recordar algunos datos para comprender cómo, bajo esta lógica, las crisis financieras son asumidas por los Estados neoliberales como ejercicios de salvataje del corporativismo capitalista, a costa de la estabilidad política, económica y cultural de la sociedad.

Durante la década de 1990, las instituciones bancarias se habían consolidado como generadoras de inversiones de alto riesgo. Créditos vinculados, bajos intereses, prestamos sin respaldo, lavado de activos, entre otras acciones que fueron parte de un sistema estatal desregulatorio y una institucionalidad precarizada.

El desenlace lo conocemos todos

La quiebra de la mayor parte de las instituciones bancarias; la confiscación del dinero de los cuenta ahorristas en el denominado “feriado bancario”; el incremento de impuestos; la pérdida de negocios y pequeñas empresas; la fuga de capitales; inflación; pérdida de la moneda nacional y el mayor éxodo de compatriotas que debieron salir del país para buscar mejores oportunidades laborales en el exterior. Con esas decisiones cientos de miles de ecuatorianos migraron, decenas se quitaron la vida, miles perdieron sus bienes y toda la población quedó afectada económicamente.

Es interesante recalcar que en este punto de crisis el papel de los banqueros estuvo directamente ligado al poder ejecutivo, antes, durante y después del feriado bancario. Así habrían logrado articular una política de no interferencia a las decisiones de los conglomerados financieros; y posteriormente hacer que el Estado cubra el desfalco bancario.

La fórmula del salvataje permitió que varios representates del sistema financiero obtuvieran grandes sumas de dinero por poner en riesgo sus propias empresas. Esto determinó un concurso de poderes evidenciado en gastos extremos como infraestructura corporativa, bienes raíces, medios de comunicación, aviones, vehículos de alta gama, etc. Muchos bancos se fortalecieron, incrementaron su patrimonio, absorbieron a los más pequeños y aprovecharon la compra de bonos del Estado a un 30 por ciento del valor nominal para luego recuperar el 100 por ciento en otras transacciones.

La lenta recuperación

La afectación que produjo el “feriado bancario” dejó al país en un escenario de incertidumbre general. En primer lugar, eliminó la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho; el poder político perdió toda legitimidad y la ciudadanía se volcó a tratar de sobrevivir en medio de un escenario laboral en extremo complejo. En segundo lugar, la fragilidad institucional dio paso a una inestabilidad política mayor y a la pugna de poderes partidistas que desembocó en 4 administraciones presidenciales entre 1998 y 2007 (Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Palacio), apenas dos electas democráticamente. Finalmente, estancó por completo la inversión en el ámbito social.

Luego del 2007, la recuperación económica del país tardó muchos años. Para ello fue necesaria una reforma democrática del Estado -basada en una nueva Constitución que promulgara derechos y justicia social-; el fortalecimiento institucional del aparato público; la creación de una cultura tributaria que transformó las lógicas de evasión -que eran parte medular del pensamiento neoliberal-; y, sobre todo, la imposición de un modelo regulatorio del sistema financiero privado, cuya finalidad era evitar la especulación con los dineros de los clientes y el incentivo a la inversión privada. 

Sin embargo, luego de la crisis de 1999, la vinculación de los conglomerados financieros con el poder político no se detuvo; por el contario, intervinieron en varios ámbitos de influencia como la creación de partidos políticos, el financiamiento de campañas electorales, la compra de pautas en medios de comunicación, la administración de universidades, entre otros.

Cogobierno y manipulación corporativa

A partir del 2017 el poder corporativo y empresarial retoma fuerza y se vuelve a posicionar a través del modelo neoliberal con las mismas trabas, mañas y artilugios; pero con un reforzado discurso libertario donde entran otros elementos en el debate como el racismo, la deslegitimación de las luchas feministas y de perspectiva de género, la imposición de una corriente pro vida, la afinidad con el libre porte de armas y la reafirmación de estructuras caducas que habían sido superadas por ley.

Lo que vemos hoy es la apuesta más agresiva del neoliberalismo respaldado por ciertas universidades del país. La relación entre académicos, corporaciones financieras y gobierno es evidente. Lo que se busca es la legitimidad de las acciones estatales a través del respaldo académico. Esa legitimidad les permite generar importantes redes de vinculación tanto en los diversos niveles de gobierno, como con asesores políticos y económicos de alto rango.

Los cogobernadores de Moreno

De este modo, paradójicamente, el gobierno de Moreno cuenta con el mismo grupo de expertos que participó directa e indirectamente en el desfalco financiero de 1999; con quienes ha cogobernado durante todo su período y quienes pretenden continuar dirigiendo la política económica a través de la candidatura de uno de ellos.

Ahora vemos con incertidumbre la manipulación de las instancias del Estado para volcar, a favor de estas élites empresariales, un triunfo electoral a cualquier precio. Esto significaría la vulneración de los derechos civiles de la ciudadanía y el peligro latente de todo el sistema democrático que ya se ve amenazado por la injerencia gubernamental. 

Queda en nosotros, los ciudadanos, saber identificar los intereses de los grandes grupos de poder y discernir sobre las mejores opciones para el futuro de nuestro país. Al fin y al cabo la historia y la memoria siempre tendran su justo momento y permitirán evaluar objetivamente nuestras decisiones. Por ello, la defensa de la democracia es fundametal para lograr el ansiado Estado de derechos e igualdad social. No podemos olvidar que la legitimidad del poder radica y se fundamenta en el pueblo.

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