Por Sebastián Tamayo Villarroel / @tamayo95se
La gestión de Lenín Moreno se ha caracterizado por su predisposición ante los organismos multilaterales y su lógica de “economía perfecta”. Estos desaciertos, en materia de política pública, fueron los motivos que gestaron el Paro Nacional de octubre 2019. Pese a todas las secuelas que esta revuelta generó el año pasado, el gobierno conmemora las mismas con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Antecedentes
Todo inició con la designación de Richard Martínez ante la cartera de Economía y Finanzas. Todo con el objetivo de ejecutar el plan fondomonetarista en el Ecuador, los hechos lo confirman. En el 2018, se inscribe la Ley de Fomento Productivo, o Ley Trole 3. Bajo esta legislación, en el marco de la remisión tributaria, el Ecuador condonó USD 987 millones a los 203 grupos económicos del país.
En marzo de 2019, Martínez y el FMI celebran su primera carta de intención. De cara a la aprobación de un crédito de tipo SAF que, por su naturaleza, incluyó un paquete de condiciones.
Aquellas fueron el reajuste de la masa salarial del sector público, la optimización del sistema de subsidios a los combustibles. También reformas del sistema tributario, reformas laborales para flexibilizar la contratación, monetizar activos y eliminar progresivamente el impuesto a la salida de divisas.
En este contexto, el Ejecutivo anunció un paquete de reformas económicas que incluía la renovación de contratos ocasionales con el 20% menos de remuneración, el hostigamiento a lo público y el Decreto 883. Estos sucesos desembocaron en el Paro Nacional.
Nuevo acuerdo
Sin considerar las pérdidas humanas y los heridos de hace un año, el gobierno celebró el 28 de agosto un nuevo acuerdo con el FMI.
Según el comunicado de prensa de la multilateral, el compromiso que adquirió el Ecuador “incluye reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”.
Cabe mencionar que ya suman miles de funcionarios públicos despedidos, recortes en todos los niveles de educación pública, despidos del personal de salud, una Ley Humanitaria que faculta la anhelada flexibilización laboral, el Decreto 1158 que libera el mercado de los combustibles, entre otros. Con la misión entreguista cumplida, Richard Martínez deja el Ministerio de Economía y se alista para sumarse a las filas del BID.
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