Quito, 17 mar (La Calle).- La prohibición del uso de celulares al momento de votar en la segunda vuelta electoral, dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya suma tres reclamos hasta este lunes.
Un procurador común, de Reto y la Revolución Ciudadana, presentó la impugnación al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según se indicó, existen errores en la resolución, publicada el 13 de marzo, luego de que el Gobierno la solicitara públicamente.
Francisco Estarellas Solís, procurador de ambos movimientos políticos, impugnó la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El juez Ángel Torres recibió la asignación de la causa.
El Observatorio, liderado por la abogada Mónica Jaramillo, también presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, y el juez Guillermo Ortega recibió el caso tras el sorteo.
«Si bien reconocemos la intención del CNE de garantizar un voto libre de coacción y de proteger la seguridad de los electores, consideramos que la resolución impugnada carece de una motivación suficiente y presenta ambigüedades en su aplicación, afectando el principio de seguridad jurídica. Nuestra solicitud ante el TCE busca que se deje sin efecto la actual resolución y que, en su lugar, se emita una nueva disposición que contemple un instructivo claro y detallado sobre su aplicación», explicó ese Observatorio.
Jaramillo explica que si la acción presentada resulta en una negativa, podrá apelar ante el Pleno del TCE.
La presidenta del CNE contesta
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que este lunes se conocerá un informe jurídico sobre la impugnación que presentó un procurador de la alianza Revolución Ciudadana-Reto, acerca de la resolución del CNE de prohibir el uso de celulares al momento de votar en la segunda vuelta electoral.
«El CNE con esta resolución lo que busca es dos cosas, cumplir con su obligación constitucional de llevar adelante elecciones transparentes, que la ciudadanía vote con libertad y con seguridad», indicó Atamaint esta mañana en una entrevista en Teleamazonas.
Pero, «la resolución ha sido impugnada», recordó. «El día de hoy conoceremos el informe jurídico para el día de mañana poder resolver a través del pleno este recurso que han presentado», dijo Atamaint.
El autor de la impugnación fue Francisco Estarellas Solís, procurador común de la alianza Revolución Ciudadana-Reto (listas 5-33), «por ser atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos, como lo es el derecho a la libertad de expresión principalmente».
De acuerdo a la presidenta del CNE, esta resolución se dio sobre la base de un informe de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, «que son las autoridades competentes que recomiendan al CNE tomar medidas para que el proceso electoral cumpla con estas condiciones de manera responsable».
Asimismo señaló que el informe revela que existe «una especie de vacuna para extorsionar a la gente por una preferencia electoral, o para comprar los votos».
«Hemos visto lamentablemente en la ciudadanía que está siendo amedrentada, está siendo amenazada, en su vida, en su integridad física», agregó.
¿Por qué se dio esta medida?
El pasado jueves, el CNE prohibió «el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto (JRV); y, a partir de las 17:00 (del domingo 13 de abril) y durante toda la jornada de escrutinio, a los miembros de las juntas receptoras del voto».
Tras la primera vuelta electoral, Daniel Noboa, que busca la reelección, denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales obligaron presuntamente a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González, y supuestamente pidieron fotografías de sus papeletas de votación como prueba.
En réplica, González señaló que sus votantes «no son ni ‘narcos’ ni delincuentes» , mientras en la impugnación se hace hincapié en que no se han presentado denuncias que sustenten las presuntas presiones.
El correísmo ha rechazado la decisión y ha criticado que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.
«Nos gobiernan delincuentes», reaccionó Correa al conocer la decisión, mientras que González dijo temer que se prepare un fraude.
«Esto es una dictadura, a rebelarnos, no podemos aceptar este tipo de medidas: prohibirnos el uso del celular», señaló González.
Multa de hasta USD 32 900
Atamaint ha señalado que el incumplimiento de la disposición sobre los teléfonos es una «infracción electoral muy grave», que se sanciona con una multa desde los 9 870 dólares hasta 32 900 dólares.
IF