Quito, 22 may (La Calle).- La organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch envió una carta al presidente Daniel Noboa respecto a la declaratoria de conflicto armado interno que realizó mediante un decreto en enero pasado.
“El 9 de enero de 2024 recibimos con preocupación el anuncio por parte de su gobierno sobre la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, una afirmación que parece carecer de sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos”, dice el inicio de la misiva.
¿Existe conflicto armado interno?
La organización se pregunta si existe realmente un conflicto armado interno en Ecuador. Indican que esta denominación no debe venir de la denominación que haga el gobierno o un presidente sino que debe sustentarse en pruebas con base en los criterios establecidos en el derecho internacional. En este sentido un conflicto a la interna de un país es “la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos”. Tiene dos características: 1) cierto nivel de organización de los grupos armados. 2) cierto nivel de intensidad de las hostilidades.
Con el “conflicto armado interno” viene la ampliación del uso de la fuerza, un arma de doble filo cuando no existe el contexto debido. “La decisión de permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de combate con arreglo al derecho internacional humanitario, aun cuando no se han cumplido objetivamente los criterios para tal decisión, abre la puerta a violaciones de derechos humanos”.
“Su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, la Corte Constitucional ha determinado que su gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”, le dice HRW a Noboa.
Medidas de seguridad
La misiva recalca que si bien el número de muertes violentas disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. El aumento de casos de extorsión, secuestro y el asesinato de asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión indican que todavía existe una grave situación de inseguridad.
El sistema de justicia deja mucho que desear, ya que de los 9.000 detenidos a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito. “Aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz”.
Recomendaciones al respecto
De manera que para tener políticas de seguridad efectivas es necesario fortalecer el sistema de justicia. La organización recomienda:
- Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.
- Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.
- Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.
- Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.
- Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.
- Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.
