Quito, 13 de oct (La Calle). – La paralización de transportistas pesados no se detiene en el sur de Guayaquil. Conductores reclaman que ni los puertos privados ni el Gobierno Nacional toman medidas ante la escalada de inseguridad que afecta al gremio.
Señalan que las autoridades estatales «no hacen nada» y califican a los privados como «corresponsables» de la crisis en el sector. Exigen que tanto carreteras como puertos sean militarizados ante el insostenible abandono.
Los manifestantes cerraron el 12 de octubre la vía y bloquearon la salida de unos 500 cabezales de camiones en la Terminal de Puertos Privados de Guayaquil (TPG), a quien señalan como parte del problema.
La razón de la manifestación es la creciente amenaza de extorsiones que enfrentan los transportistas. El gremio reclama a los puertos privados por la falta de implementación de seguridad y largos tiempos de espera en cuanto a infraestructura, los cuales, señalan, «han llegado al límite».
Según el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) adoptado por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, toda instalación portuaria -ya sea de acceso por mar o tierra- debe estar vigilada y protegida por:
- alumbrado;
- guardias (incluido patrullaje a pie, motorizados y en embarcaciones);
- y, dispositivos automáticos de detección de intrusos y equipo de vigilancia (CCTV).
Los conductores explican que las normas -establecidas internacionalmente- no se están cumpliendo al pie de la letra, por lo que son víctimas de la inseguridad y falta de control que los públicos y privados deben garantizar.
Hace unos días se hizo viral un video en el que se observaba a extorsionadores, conocidos como «vacunadores», exigiendo dinero a un conductor de tráiler que intentaba ingresar al Trinipuerto. Los antisociales están solicitando un pago de 20 dólares por cada ingreso a las terminales portuarias, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad de transportistas.
René Gómez, coordinador de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), expresó para Ecuavisa su inquietud por esta situación y señaló que la protesta no se limitará a Guayaquil. Los manifestantes exigen la militarización de los puertos y las carreteras como una medida de seguridad para poner fin a las extorsiones y garantizar la integridad de los conductores y sus cargas.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó a una reunión con los manifestantes en el ECU 911 de Samborondón, pero los líderes de los transportistas anticiparon que no asistirán. En cambio, tienen previsto reunirse en Quito con representantes del sector empresarial para exponer su situación y esperan que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé la cara.
Félix Toala, miembro de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, representando al Guayas, explicó para TC Televisión que esta protesta es una medida preventiva que busca mayor seguridad en las carreteras y puertos, especialmente en el corredor Quito-Guayaquil. Advierte que si no se atienden sus demandas, el movimiento se replicará en otras ciudades.
El régimen planea reunirse con los transportistas. Sin embargo, los choferes han dejado en claro que comenzarán con las medidas de hecho y extenderán las protestas a nivel nacional si sus demandas no son satisfechas.
Foto: Referencial
