Por: Jackie Herrera
Una serie de eventos desafortunados para el presidente Daniel Noboa durante estos últimos meses de gobierno, obligaron al Ejecutivo a tomar medidas más que urgentes para evitar el descenso de la popularidad del primer mandatario a puertas de la campaña preelectoral. Luego de que la barcaza turca Emre Bey no pudiera iniciar a tiempo sus operaciones en Las Esclusas, al sur de Guayaquil, el pasado 7 de septiembre tuvimos el segundo apagón masivo en menos de un año en varias provincias del país. Ese mismo día el presidente de la República cumplía agenda internacional en Nueva York y Canadá, según se conoce, para buscar soluciones inmediatas a la actual crisis en el sector energético.
Una hora después del apagón, el Operador Nacional de Electricidad sería el encargado de informar que una falla en la barra de la subestación Molino, conectada a la generación de Paute, habría provocado el corte del suministro en zonas urbanas y rurales del país. Pero no hubo ningún pronunciamiento oficial desde la Presidencia de la República o de algún vocero gubernamental, sino hasta dos días después que el primer mandatario ofrecía un “alivio” para 3.5 millones de ecuatorianos. El 9 de septiembre en horas de la mañana, mediante cadena nacional, Noboa anunciaba que las planillas de luz correspondientes a diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025 serían totalmente gratis para las familias que no superen los 180 kilovatios de consumo.
Sin embargo, lejos de ser un alivio para la ciudadanía, las críticas en redes sociales y medios de comunicación señalaron de populista a esta decisión que dista completamente de la realidad. Pues, según la Agencia de Regulación y Control el promedio mensual de los consumidores residenciales a escala nacional fue de 143.36 KWh en el 2023. Considerando, además, que el consumo es mayor si se tiene electrodomésticos antiguos y que en la Costa el uso de ventiladores o de aire acondicionado aumenta en estos meses de altas temperaturas de calor, la oferta del Ejecutivo no convence al electorado.
Así como tampoco convence el supuesto ordenamiento de las finanzas públicas para asumir el costo de las planillas que asciende a 34 millones de dólares. Pues esta sería una medida aislada al actual déficit presupuestario que, hasta hoy, no resuelve esta y otras crisis como la inseguridad, el desempleo y la deficiente salud pública. El mismo lunes 9 de septiembre, por ejemplo, el Ministerio de Energías lanzó una licitación pública internacional para construir una línea de interconexión eléctrica que abastecerá 500 kilovoltios al sistema energético nacional y que le costará al país 264 millones de dólares más. Esto, mientras la infraestructura energética local agoniza por falta de mantenimiento y recursos públicos para su funcionamiento, como lo ha indicado la Contraloría General del Estado después de una auditoría a la gestión del “Plan de Expansión de la Generación”.
El informe contenido en tres componentes reveló que varias falencias e inconsistencias dadas en los últimos cuatro años en el sector eléctrico habrían profundizado la actual crisis energética. Entre ellas, que el Plan Maestro de Electricidad 2018-2027 no incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país; que el Ministerio de Energía y Minas sobreestimó la capacidad del parque generador para enfrentar la crisis, pues de las 133 centrales que la Cartera de Estado detalló con una potencia de 7.177 megavatios resulta que se registraron únicamente 124 con una capacidad de 6.976 megavatios; y, que la falta de mantenimiento a las centrales térmicas tendría fuera de servicio a seis, desde 2019, y a cuatro más que no producen energía desde 2018.
El Estado es el responsable de la provisión del servicio de energía eléctrica, como un derecho garantizado en la Constitución. Pero la falta de atención al sector energético no habla del cumplimiento de esas garantías. Hoy vemos que ese olvido intencionado a la existente infraestructura y la politización de los problemas públicos nos están cobrando factura a un precio económico y social mucho más alto. Los datos falsos, la ausencia de análisis técnico y el maquillaje de cifras han sido parte del permanente relato de echar la culpa a los gobiernos anteriores que no hacen más que romantizar nuestros problemas reales.
El ofertón populista de subsidiar las planillas de luz ni la improvisada vigilancia permanente a las centrales hidroeléctricas solucionarán la crisis al corto plazo, y tampoco aliviará la crisis económica de las familias ecuatorianas. Solo serán un medidor electoral para los próximos comicios. Lo peor es que ya no estamos a tiempo. Las soluciones tienen que venir de este o del siguiente gobierno, sin cortinas de humo o muletillas políticas que a un país en crisis ya no le impresionan.
