Quito, 5 abr (La Calle).- Funcionarios del Gobierno informaron sobre las acciones tras el amotinamiento que se dio en la cárcel de Turi, en Cuenca. El Ejecutivo entregará indulto a 330 privados de libertad. Asimismo, declararon que activaron protocolos para los familiares de las víctimas.
Según los reportes, el enfrentamiento fallecieron alrededor de 20 presos. El ataque también dejó 10 heridos, 5 de ellos en estado grave. Debido a la situación, las autoridades procedieron a trasladar a los reos más peligrosos a la cárcel de máxima seguridad.
“Parte de las acciones contundentes, derivaron de que el presidente, Guillermo Lasso, tomó la decisión de que se traslade a los cabecillas de esta revuelta en la cárcel de Turi, a la cárcel La Roca, en Guayaquil”, dijo Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicacion .
Asimismo, informó que en la cárcel de Turi se dio atención médica a 124 mujeres que pertenecen al pabellón más cercano a la revuelta. Por lo que, se encuentran en coordinación con el Ministerio de Salud, dando atención médica y respaldo psicológico a las víctimas.
Bernarda Ordoñez, secretaria de Derechos Humanos, dijo que 15 de los cuerpos ya han sido entregados a los familiares de los privados de libertad.
Indultos del presidente
Según la secretaria de DDHH, se han ejecutado acciones urgentes para el plan de acción del sistema de rehabilitación social. Una de las medidas planteadas es reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad con indultos a ciertos presos.
“Se ha procedido a generar 330 indultos a personas en el contexto del decreto 355 del presidente de la República. Así también se está trabajando con el componente salud y el componente de educación para mejorar las condiciones al interior de los centros de privación de libertad”, dijo Ordoñez.
Reforzamiento de seguridad
El director del SNAI, Pablo Ramírez, declaró que durante el incidente 350 personas se encontraban en el fuego cruzado. Debido a esto, se han planteado reforzar la seguridad con más guías penitenciarios.
Para Ramírez, se espera que para el 2023 existan alrededor de 3.000 agentes penitenciarios para reducir el asilamiento. Según el funcionario, el objetivo es que estos hechos delictivos no vuelvan a ocurrir.
Sin embargo, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, declaró que nadie puede asegurar que no volverán a producirse estos hechos.
