Quito, 12 jul (La Calle).- El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendó al presidente Guillermo Lasso no desclasificar las actas del 28 de marzo, 13 de abril y 17 abril del 2018 en el que se habría conocido sobre el secuestro de los tres periodistas de El Comercio, en la frontera colombiana.
Los familiares de las víctimas solicitaron que todos estos documentos pasen de la categoría «secreta» para dar nuevas pistas sobre el suceso.
El expresidente Lenín Moreno y Lasso prometieron a los allegados de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas desclasificar la información y dar con los responsables. Sin embargo, esta «recomendación» se suma a la lista de promesas incumplidas del primer mandatario.
De acuerdo con el hermano de Paúl Rivas, Ricardo Rivas indicó, para Radio La Calle, que esta promesa fue solo una «letanía» de los gobiernos de turno para desviar la atención, pero que todo queda en el aire.
Además, enfatizó que los últimos gobiernos priorizaron la imagen del Estado sobre la vida de las personas. Recalcó que si se niegan a desclasificar la información es porque afectaría las relaciones entre Ecuador y Colombia.
«El uno (Moreno) anunció siete veces que se iba a desclasificar y el otro lo dijo en prensa internacional, pero solo se ha hecho un show viéndonos las caras a las familias», refirió.
¿Por qué no desclasifican?
El Secretario de Seguridad, Wagner Bravo, señaló para diario La Hora que las actas deberían ser develadas dentro de 10 años, debido a la categoría en la que ubicaron. Apuntó que los documentos no han sido pasado por un proceso de desclasificación.
Según él, los informes guardan estrategias de defensa nacional, protocolos y procesos ante posibles amenazas contra el Estado.
No obstante, Rivas aseguró que esa es la excusa del régimen para no dar paso a esas solicitudes. Aclaró que los documentos no mantiene información sensible como mencionan las autoridades.
Puntualizó que el país tiene un Estado y un Gobierno que se maneja bajo tres aristas en todas las ocasiones: negación, encubrimiento y silencio absoluto. Rivas recalcó que las investigaciones han avanzado gracias a las solitudes de los familiares y no fue una iniciativa de la Fiscalía General del Estado.
«El exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez dijo que estaban ajustando un informe para desclasificar todo y no ha pasado nada. Estamos cercanos a cumplir seis años y todos se mantiene callados», destacó.
De brazos cruzados
Rivas detalló que esperan una respuesta de la FGE en la que aclare porqué se paró la investigación. Aclaró que esa no es un justificación pertinente, pues la entidad guarda más pruebas y otras pistas que podrían utilizar. También, cuestionó que la Corte Constitucional (CC) no se haya pronunciado sobre la solicitud de desclasificación de la información.
«Según ellos se detuvieron porque no hay desclasificación, pero no es así. Aquí hay una omisión indudable y es porque están relacionados allegados al gobierno de ese entonces», expresó. (N.J.C)
