Quito, 10 mar (La Calle).- Funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) denunciaron irregularidades en el manejo del departamento de Talento Humano frente al Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos (CIDHU). Los servidores públicos manifestaron falta de objetividad y veracidad en sus evaluaciones de desempeño por parte de su jefe inmediato.
La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU el 15 de septiembre del 2020 por servidores de la institución. Sin embargo, el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.
“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.
También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Valentina Brevi Martínez, directora de Gestión de Riesgos y Patrimonio Cultural.
Ante la denuncia presentada, el Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos ha detectado la necesidad de generar un Observatorio Procesal para garantizar el debido proceso y proteger los derechos y los derechos humanos de los servidores públicos.
El 3 de marzo del 2023 el CIDHU envió un oficio a la titular de INPC, Catalina Tello, advirtiendo que este caso no puede ser un pretexto “para que malos servidores públicos y pésimos seres humanos tomen actitudes negativas y quizá hasta represalias que podrían poner en peligro la integridad del trabajador”.
Más denuncias
Ryan Scott, un arqueólogo estadounidense residente en Ecuador, envió una carta a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. En este documento, de más de 20 páginas, denunció que existen obstrucciones intencionales en su tesis doctoral de investigación en el parque arqueológico Cochasquí.
En concreto, acusó a la Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático del INPC, Victoria Domínguez por malas interpretaciones deliberadas de la ley y difamación absoluta hacia su persona. De igual manera, recalcó que Tello y los abogados de la entidad y del Gobierno Nacional han sido ineficaces en mitigar las acciones de Domínguez.
Scott resaltó que los permisos de investigación se acordaron durante una reunión con la Directora Tello y Abg. Sempertegui el 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, durante la ejecución del Proyecto Arqueológico Cochasquí-Mojanda, Domínguez le dijo a él y sus colegas que nunca tuvieron los permisos ni los informes.
Obstrucciones a la investigación
Después de la obstrucción, el 3 de enero del 2023 se le permitió presentar una nueva propuesta y tendría el apoyo de Tello, sin embargo, tardaron un mes en responder a pesar de que tenían 15 días laborables para hacerlo. En este sentido, mencionó que Domínguez no emitió su carta intencionalmente sino hasta el 1 de febrero. De todas maneras, la respuesta del INPC fue ambigua, descartaron algunos puntos por errores gramaticales y le pidieron establecer nuevas condiciones en algunos casos.
“He esperado una resolución desde que ingresé a Ecuador en agosto y la Directora Domínguez intencionalmente ha tratado de impedirme tener un diálogo con alguien en el INPC además de sus intermediarios seleccionados”
Estos retrasos han perjudicado notablemente la economía del ciudadano extranjero y se agota su tiempo en el Ecuador. Además, recalcó ser víctima de acoso pues Domínguez habría investigado a los miembros individuales de su equipo y los contactó por redes sociales.
“Nunca interactué con la Directora Domínguez antes de su función en el Gobierno, sin embargo, ciertamente su comportamiento hacia mi es como si me conociera previamente”, resaltó.
Respuestas sin respuestas
Por su parte, las autoridades del INPC, a través de la vocería del departamento de comunicación, negaron los supuestos malos tratos a los demás y alegaron que todo se trata de una calumnia por parte de los »malos trabajadores», sin embargo, no se pronunciaron respecto a los documentos presentados por los denunciantes. (AGM).
