Por: Marco Flores / @MARCOAFLOREST
Cuando «países de economías emergentes», como Ecuador, desempleados y empobrecidos, acuden al Fondo Monetario Internacional (FMI) por «urgente financiamiento», lo hacen bajo extremas necesidades que fiscalmente y desde el inicio los ponen de rodillas.
Entonces el FMI les ofrece otorgar ese necesario financiamiento, pero como han sido irresponsables y «no han hecho los deberes» a cambio les exigirá «poner la casa en orden» bajo un «programa de consolidación fiscal» cuyo cumplimiento condiciona la entrega en cuotas de la «ayuda financiera» por manera de asegurar la aplicación de su conocida «receta estándar», cuya «necesidad y beneficios» serán públicamente promovidos por «analistas» criollos de alquiler. Cómo unir el hambre con la necesidad.
Por cierto, en el caso de que existan tenedores locales de bonos soberanos de deuda externa que colocan a sus empleados como ministros de economía y finanzas para beneficiarse, manipulando acciones y decisiones, el negocio de adquirir y negociar bonos soberanos de deuda externa con información privilegiada, producirá extraordinarios beneficios.
“Programa de consolidación fiscal”
El «programa de consolidación fiscal», hasta hace pocos años denominado de «ajuste estructural», incluye la reducción de gasto del gobierno, despidos de empleados públicos, congelamiento de contrataciones, reducción sustantiva de inversión social publica, virtual ausencia de obra pública, privatización de empresas estatales bajo cualquier membrete, congelamiento de salarios públicos, normativas para posibilitar la reducción de salarios privados, expedición de leyes que apoyen la «consolidación fiscal», eliminación de subsidios públicos, nuevos impuestos e incremento de los ya existentes, y por supuesto, el cumplimiento de una serie de «metas» monetarias y fiscales, entre las que se incluye la obligatoriedad de acumular reservas internacionales que aseguren el pago puntual de la deuda externa soberana.
El «programa de consolidación fiscal» será ratificado anualmente y declarado estrictamente necesario por el Gobierno, hasta «poner la casa en orden». Tal como desde hace 4 años ocurre en Ecuador «por el bien de los ecuatorianos”, que no deberían reclamar ni protestar, aunque los resultados sociales y económicos sean evidentes.
