Quito, 11 abr (La Calle).- La Comisión de Fiscalización resolvió incorporar 49 pruebas al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La mesa legislativa tiene 10 días para elaborar el respectivo informe que recomiende o archive el proceso de censura y destitución del jefe de Estado.
La resolución se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, estuvo marcada por fuertes debates debido a que el asambleísta gobiernista, Fernando Villavicencio -que presiden la comisión- pedía 19 pruebas, pero le aceptaron 12. A la oficialista Ana Belén Cordero no le aceptaron ninguna prueba de las siete que presentó.
Se presentaron 68 pruebas de oficio. Los votos a favor estuvieron integrados por Roberto Cuero, Comps Córdova, Gabriela Molina (3 UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (IND). En cambio, votaron en contra Fernando Villavicencio (dizque IND), Ana Belén Cordero, Marco Troya (CREO) y Pedro Velasco (IND).
Roces por las imposiciones de Villavicencio
El legislador había solicitado que «singularicen» las pruebas contra el primer mandatario referente al presunto delito de peculado en un contrato de Flopec admitido por la Corte Constitucional.
«Solicito a su autoridad se sirva efectuar el seguimiento y control al dictamen de admisibilidad parcial por el presunto delito de peculado y se sirva establecer con claridad a la Asamblea que este juicio político únicamente corresponde al delito antes identificado», reza el oficio.
Sin embargo, tanto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como los miembros de Fiscalización advirtieron del eufemismo de Villavicencio para trabar el trámite. La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que la «comisión, por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio». En ningún momento la ley se restringe al dictamen de la CC.
La oposición reclamó las arbitrariedades de Villavicencio. Señalaron que en ninguna parte del procedimiento está que el presidente de la mesa disponga restricciones o delimitaciones a la sustentación del juicio político o a las pruebas.
El CAL hizo un llamado de atención al asambleísta aliado del régimen. El Consejo exigió que no dilate el juicio o será sometido a sanciones disciplinarias.
