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Fiscalía sospecha que Xavier Jordán estaría implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio

Quito, 18 dic (La Calle).- La Fiscal General del Estado (FGE), Diana Salazar, Señaló que aún se analizan 111 terminales móviles, lo que determinará si el caso Metástasis tiene una segunda fase.

El caso Metástasis mantiene más de 14 mil fojas de expediente del teléfono de Leandro Norero que representaría la trama de corrupción más grande del sistema judicial en el país. Para Salazar, esta sería la oportunidad de depurar el sistema judicial y presentar una nueva visión a los ecuatorianos.

“El caso Metástasis toca las fibras del Estado de derecho y pone en riesgo la seguridad jurídica”, afirmó en Teleamazonas.

Vínculos con Fernando Villavicencio

Salazar recalcó que los chats tienen fecha de mayo hasta octubre de 2022. En esas conversaciones se revela una con Javier Jordán en la que solicita fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio. Requería esta información por la supuesta bulla que hacía Villavicencio con las investigaciones que presentaba desde su curul.

De la misma manera, señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, es decir, ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tienen acceso determinadas personas.

“Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, dijo.

Sobre este crimen mencionó que supuestamente trabajan en conjunto con el FBI, que ya tiene una “copia espejo” del contenido del celular del excandidato presidencial. Sin embargo, aludió que no puede dar más detalles porque eso forma parte de la investigación.

La orden contra Glas

Salazar aclaró que el nuevo llamado que tiene el exvicepresidente Jorge Glas responde a la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. Según la titular, la única orden que dio fue llamar al exsegundo jefe de Estado a que comparezca en la Fiscalía. Aclaró que el accionar de la FGE se limita en la Embajada de México.

“Las noticias que salen en las redes y en los medios de comunicación solo dilatan las acciones que se llevan en la entidad”, recalcó.

En cuanto a su relación con el caso Metástasis, indicó que Norero habría recibido USD 250 mil por la libertad de Jorge Glas y Daniel Salcedo. De acuerdo a la inferencia de Salazar, “estos favores” se los pagaría con favores políticos.

Sobre Terán

Salazar mencionó que el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, alias “El diablo”, “abrió las puertas a los abogados de Norero” cuando era juez nacional de una sala especializada de la Niñez y la Familia. Eso a cambio de recibir supuestamente USD 450 mil, que en el teléfono lo registraban como “450 mil flexiones”.

La titular de la FGE, comentó que el abogado le había enviado la foto del contacto de Terán, un juez de despacho y un video del subcoordinador de su despacho.

Los beneficios desde el SNAI

Los chats muestran que Norero tuvo libre comunicación, fiestas, comidas y beneficios para “hacer más llevadera la situación” para él y a su familia, por parte del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez.

Además, repitió que mantuvo conversaciones con Daniel Salcedo -ahora prófugo- para guiarlo a las mismas estrategias y “acceder a los mismo beneficios”.

La relación con Intriago

Salazar apuntó que Angulo, alias “El Estimado”, abogado Agustín Intriago, exalcalde de Manta, asesinado el 23 de julio de 2023, mantenía una relación con el exrecluso. Salazar detalló que las principales implicaciones fue en la contratación pública con contratos que servían para su defensa.

“Es decir, desde el Estado y a través de su contratación estábamos financiando la defensa de este procesado por lavado de activos y narcotráfico”, refirió.

Otras relaciones

Según la fiscal, habrían periodistas y actores políticos que rogaban a Norero por determinada información. Además, policías que realizaron operativos falsos, pasaban información, encubrían y cambiaban pruebas para evitar implicarlo en más procesos.

Es el caso de la fiscal María José Aguirre, que a través de una reformulación de cargos, cambió una pena de 10 años a una de un año, por una cadena valorada en USD 8 mil.

Algo similar ocurrió con el coronel Mazón, quien se reportaba con Norero para alertarle los operativos. El coronel habría salido beneficiado económicamente, pues el narcotraficante habría financiado la recuperación de un familiar y el viaje de su hijo a Rusia.