Quito, 16 dic (La Calle). –La fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar, pidió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie sobre las decisiones que han emitido los jueces ecuatorianos. Argumentó que los magistrados no tienen un sistema de control eficaz sobre sus sentencias.
Salazar recordó que el 18 de abril de 2018, la CC aprobó la sentencia que da impunidad a los jueces sobre el delito de prevaricato. Es decir, los magistrados están eximidos de las responsabilidades que conllevan sus decisiones aunque se contraponen a la ley.
“El Ecuador ha sido testigo de un grotesco abuso del derecho por parte de los jueces cuyas decisiones reflejan una pesada carga de tintes políticos y económicos”, reza el documento.
Resaltó que los jueces que cometen este tipo de delitos se ven amparados en la laguna de la impunidad por esta decisión. En el artículo N°233 de la Constitución establece que en caso de encontrarse responsabilidad serán acusados por la Fiscal o el Fiscal de la Nación y juzgados en el Pleno de la CC. Además, para la certificación de esta sentencia se necesitará el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
“Es necesario que la ciudadanía conozca mi posición respecto a estas decisiones que ponen en peligro la acción eficaz de la justicia a favor de la impunidad para sentenciados por graves delitos”, comentó a través de su cuenta de Twitter.
El mes de los regalos
A inicios de diciembre, tres jueces concedieron boletas de libertad a dos líderes de las bandas criminales y a un presunto implicado en el entramado de corrupción por el reparto de hospitales en el mandato de Lenín Moreno.
El 2 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, Jhon Rodríguez emitió la boleta de excarcelación para Alexander Quezada, Alias “Ariel”, líder de “Los Lobos”.
De la misma manera, Junior Roldán (JR), líder de la banda “Los Choneros”, salió en libertad el 15 de diciembre. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Jorge Aldás Macías le concedió la prelibertad.
Finalmente, el juez de Paján, en Manabí, Simón García ordenó la liberación de Daniel Salcedo, uno de los peces gordos de la presunta corrupción hospitalaria durante la pandemia del Covid-19. (N.J.C)
