Diego Álvarez, redactor
Quito, 17 de jun (La Calle).- La Fiscalía allanó las oficinas de la contralora subrogante, Valentina Zárate, mientras se realizaba la audiencia de Habeas corpus del contralor Pablo Celi. El pasado 16 de junio, ocho funcionarios de Fiscalía y de Criminalística se justificaron en la búsqueda de acciones de personal.
Fiscalía llegó a las 14:00, misma hora en que el tribunal de la Corte Nacional de Justicia deliberaba sobre el pedido de Habeas Corpus. Este acto buscaba la libertad del Celi.
La directora de Patrocinio de la Contraloría, Lorena Figueroa Costa, se pronunció sobre el hecho en Twitter. “Al mismo tiempo que la audiencia de Habeas Corpus que se ventila en contra de Pablo Celi, con sus abogados privados, al Fiscalía General del Estado allana de nuevo las oficinas de Contraloría. ¿Será una nueva forma de generar linchamiento mediático para presión judicial? “.
Tensión por el incendio del edificio de Contraloría
El informe del Cuerpo de Bomberos estableció que el incendio del edificio de la Contraloría General del Estado en octubre del 2019, fue “provocado”. El hecho habría sucedido a través de bidones de gasolina que llegaron hasta el quinto piso.
“La eliminación o desvanecimiento de glosas derivó es una práctica de corrupción que ejecutaron altos funcionarios de la Contraloría, durante las administraciones de Carlos Pólit y de Pablo Celi. El caso ‘Las Torres’ descubrió esa trama de funcionarios públicos que exigieron coimas a empresas privadas a cambio del desvanecimiento de cinco glosas por parte de la Contraloría, en contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., desde 2017 hasta 2020”, aseguró la contralora Zárate.
La seguridad del edificio de la CGE, en las protestas de octubre del 2019, estaba en manos de la exministra de Gobierno María Paula Romo.
Además, la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, realizó un pedido de información a la Contraloría. Las glosas desvanecidas suman USD 844 millones.
Entre enero del 2007 y mayo del 2021, la Contraloría aprobó 30.362 informes y examinado más de 7.500 entidades y unidades dependientes. De este total, 27.157 son informes generales.
Valentina Zárate añadió que las entidades que registran el mayor número de informes generales aprobados son el Ministerio de Defensa Nacional, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Petroamazonas EP, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entre otras.
