Quito, 17 may (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso enfatizó que el decreto de la muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional detuvo el «plan macabro» del exmandatario Rafael Correa para supuestamente tomarse otros poderes del Estado.
Según Lasso, Correa orquestó toda esta planificación utilizando a la Asamblea Nacional y al disolverla impidió que el exjefe de Estado pueda regresar al país con impunidad. Aseguró que todo el proceso del juicio político pretendía viabilizar el retorno del expresidente.
«El propósito era venir por mí, luego por la Fiscal, el Procurador, Contralor y así tomarse otras instituciones. Y todo esto lo iban a hacer a través del juicio político», repitió en entrevista con CNN Español.
El mandatario aceptó que la oposición sí tenía los votos para supuestamente despachar a cada una de las personas mencionadas en la nota. Sin embargo, indicó que al decretar la muerte cruzada no pretendió esquivar el juicio político. Recalcó que acudió al Plena con la única intención de demostrar su presunta inocencia. No obstante, el día de su comparecencia dedicó más tiempo a presentar una especie de informe a la nación que a indicar documentos que respalden su inocencia.
El fantasma de la muerte cruzada
Lasso aseguró que esta fue una decisión de meses que se tomó una vez analizada la actitud «belicosa» de los opositores que lo acusaron supuestamente sin argumentos.
«Me acusaron sin pruebas y testigos; y tratándose de unos contratos de una empresa pública que fueron firmados en un Gobierno anterior. Es una barbaridad», expresó.
El presidente mencionó que fue el clamor de los ecuatorianos terminar con el Legislativo, pues tenía un grado de credibilidad muy bajo. Sin embargo, no consideró que más del 80 % de los ciudadanos estaban a favor de que salga del poder.
¿Qué prosigue?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene como fecha límite el 24 de mayo para la convocatoria a elecciones debido al decreto de muerte cruzada que disuelve la Asamblea y adelanta el proceso electoral.
Al ser la primera muerte cruzada para el organismo, su vicepresidente Enrique Pita
agregó que pueden existir complicaciones al preparar un calendario electoral, pues se tienen que acoplar a los procesos de democracia interna, inscripción de candidaturas y posibles impugnaciones.
Aclaró que llevar adelante en 60 días el proceso electoral iría en contra de los tiempos normales. Sin embargo, dijo que se regirán a lo establecido por la ley.
Además, dijo que esos plazos no fueron meditados por los legisladores que promulgaron y redactaron la ley, ya que nadie esperaba que ocurra una situación así. También enfatizó en que existen vacíos legales porque no se determinaron los procedimientos en caso de que ocurra una segunda vuelta. (N.J.C)
