Quito, 21 may (La Calle).- A cuatro años del inicio del proceso judicial por presunto peculado en la compra de pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19, la exsecretaria de Salud de Quito, Ximena Abarca Durán, publicó un extenso testimonio donde rechaza las acusaciones, detalla los pasos técnicos y jurídicos tomados durante la emergencia sanitaria y denuncia graves afectaciones personales derivadas del caso. La exsecretaria de Salud del DMQ defiende su gestión durante la pandemia y exige una sentencia justa tras más de cuatro años de proceso judicial.
Abarca conversó con nosotros en una entrevista para La Ventana Podcast. Explicó en profundidad las decisiones tomadas durante su gestión y cómo ha enfrentado el proceso judicial.
Abarca explicó que su firma en la terminación de mutuo acuerdo del contrato con la empresa SALUMED respondió a la urgencia sanitaria, la falta de fondos y la imposibilidad legal de rescindir unilateralmente. Argumenta que nunca hubo beneficio personal, que las pruebas se aplicaron con criterios epidemiológicos en sectores vulnerables y que su decisión permitió salvar vidas.
“El Municipio no podía adquirir más pruebas por falta de presupuesto. Esperar dos meses habría sido letal. Actué con ética y conciencia”, subrayó.
En el documento, Abarca sostiene que su firma en la terminación del contrato fue parte de una acción legal justificada, adoptada en un contexto de emergencia y bajo argumentos técnicos y jurídicos. Señala que su accionar estuvo motivado por la urgencia de salvaguardar vidas, no por beneficios personales.
También describe las consecuencias que ha tenido este proceso judicial: el deterioro de su salud, la afectación a su familia, la pérdida de oportunidades laborales y una prolongada incertidumbre jurídica. Reitera que no busca privilegios, sino un fallo justo que reconozca su gestión durante una de las peores crisis sanitarias que vivió la ciudad.
Descarga aquí el testimonio completo de Ximena Abarca en PDF