Quito, 09 abr (La Calle).- El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, desestimó los cargos en su contra por el presunto delito de distribución ilegal de hidrocarburos —vinculado al Caso Triple A—, tildando el proceso de «teatro electoral» y asegurando que la Fiscalía presentó una acusación inconsistente, como una «fanesca sin bacalao». La audiencia judicial, que podría derivar en medidas cautelares en su contra, continuará este 10 de abril.
Conectado de forma telemática desde Urdesa, Álvarez rechazó la representación de un defensor público tras la inasistencia de su abogado particular, Diego Córdova. «Violentaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me defienda«, declaró.
El juez Renán Andrade multó con dos salarios básicos al equipo legal ausente y ordenó una investigación disciplinaria. Además, concedió 30 minutos para que el alcalde y otro implicado se reunieran con los defensores designados, Iván Montero y Aníbal Moreano, quienes afirmaron estar preparados para el caso.
Acusaciones y contexto legal
La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, acusó a Álvarez de autoría en distribución ilegal de combustible a gran escala entre 2021 y 2022, cuando presidía Copedesa S.A. Según informes del SRI y la UAFE, tres estaciones vinculadas a la empresa habrían vendido más diésel del que su capacidad autorizaba. El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.
Álvarez prometió un video «más explícito» insistiendo en que el caso carece de fundamento. Mientras, el juez Andrade definirá si lo vincula formalmente al proceso y qué medidas cautelares aplicarían, incluyendo prisión preventiva.
El Caso Triple A marca un punto crítico en la relación entre el gobierno local y la justicia ecuatoriana, en medio de denuncias de uso político del sistema judicial.
