Quito, 12 oct (La Calle).- Colectivos y familiares de personas privadas de la libertad (PPL) denuncian maltrato policial y corrupción dentro de los centros carcelarios del Ecuador.
Las personas acudieron a la Asamblea Nacional para revelar los actos delictivos que se registran en los centros penitenciarios. El maltrato por parte de la Policía es una de las principales acusaciones. En redes sociales se han viralizado estos actos de violencia en los últimos acontecimientos.
El Defensor del Comité de Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastidas mencionó que también existió un ataque a periodistas y miembros de la organización. El lanzamiento de bombas lacrimógenas, los golpes y sobre todo las burlas fueron parte de las agresiones por parte de la Policía en Guayaquil.
Además, recalcó que no se brindó ningún tipo de información a las familias y no hubo acompañamiento de alguna institución pública. El delegado anunció que suspenderán sus funciones en territorio, debido a que no hay las garantías de seguridad necesarias.
Por otro lado, un familiar anónimo de los carcelarios manifestó que las madres se organizaron en turnos para hacer guardias en las inmediaciones de los centros penitenciarios. Cuando requieren información sobre la situación interna son víctimas de la represión policial, sin importar que existan mujeres embarazadas y niños.
Sin inclusión a la diversidad sexual
La coordinadora de Gestión de Fundación Dignidad, Vianca Gavilanes, denunció la vulneración de derechos de Mónica, una mujer trans en la cárcel de Latacunga. La reclusa fue ubicada en el pabellón masculino sin importar su identidad de género.
La mujer fue herida con un arma de fuego en la octava masacre carcelaria del 3 de octubre del 2022. Después del impacto fue traslada a la cárcel Regional 8 en el Guayas, sin recibir atención médica. Ante la situación, la Fundación envió una solicitud de habeas corpus a un juez el 6 de octubre. Como respuesta, se ordenó el traslado inmediato de la víctima a un hospital, sin embargo, recién recibió asistencia médica.
La periodista de GK, Karol Noroña dijo que las municiones ingresan través de los camiones de alimentos, según un agente penitenciario anónimo. Estas acciones delictivas son de conocimiento de algunos altos mandos, que tienen amenazados a los d6emás servidores públicos.
La respuesta de las autoridades
El director del Centro de Inteligencia (CIES), Fausto Cobo, mencionó que la crisis carcelaria no es un tema político, sino estructural en la lucha contra el narcotráfico. También hizo una diferenciación en el rol del CIES, encargado de la inteligencia estratégica, puesto que se le atribuyen responsabilidades de otras áreas.
El viceministro el Interior, Fredy Ramos, expuso que recientemente se han incautado 107 armas, 32 kilos de droga, 24 tacos de dinamitas y cerca de USD 17 mil. Además, un aproximado de cinco mil funcionarios, entre aspirantes y policías, fueron destinados a dar asistencias a los Centros de Rehabilitación Social (CRS).
Sobre la corrupción
Ramos afirmó la «cero tolerancia a la corrupción» y que hasta ahora no hay indicios de protección a personas vinculadas con este tema. «No podemos hacernos los ciegos y si hay casos de corrupción, pero son cometidos de manera individual y sí existen destituciones y sanciones», dijo Ramos.
Otra de las iniciativas para combatir el problema de la crisis carcelaria es el censo penitenciario, que tiene como objetivo la redistribución de los privados de libertad. En este sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, informó que hasta el momento se ha logrado realizar el proceso en 30 de los 36 centros de rehabilitación en el país. (A.G.M)
