Quito, 07 oct (La Calle). – El exdirector del Servicio de Contratación Obras Públicas (Secob), René Tamayo, detalló en una diligencia judicial una supuesta estructura dentro de la Asamblea Nacional que habría gestionado cargos públicos. Así lo informó la cadena Sputnik News.
Avanza la investigación por el caso de delincuencia organizada en la fallida construcción de un hospital público.
«En un encuentro con el asambleísta Eliseo Azuero le comenté que estaba buscando trabajo; en agosto de 2019 recibí la llamada y me informaron que había sido seleccionado para ocupar el cargo de director del Secob; pensé que por mi experiencia».
Testimonio de René Tamayo
El exfuncionario es uno de 19 procesados en el caso judicial abierto por presuntas irregularidades en la fallida construcción de un hospital en Pedernales, Manabí.
En dicha causa, además del exlegislador Azuero, quien al momento es prófugo de la justicia, también está implicado el exasambleísta Daniel Mendoza, quien guarda prisión preventiva en una cárcel de Quito.
Tamayo sostuvo que tras posesionarse en el cargo, mantuvo una reunión con Azuero. Además indicó que tuvo que separar del cargo al subdirector del Secob y reemplazarlo con otra persona que estaría al frente de los procesos contractuales que llevaba adelante el organismo.
¿Quién repartió los contratos?
Sobre el contrato del hospital de Pedernales, Tamayo responsabilizó a dicho subalterno de haber pactado una coima, sin que él haya conocido del hecho.
Añadió que también un legislador de la bancada Bloque Acción Democrática Independiente (BADI), afín al gobierno de Lenín Moreno, gestionó el nombramiento de una persona para el cargo de coordinador del Secob en provincia de El Oro. Esta persona recibió personalmente a un legislador por la provincia de Galápagos y otro por Guayas; dichos asambleístas recomendaron nombres para desempeñar cargos en el Secob, entre otros favores.
El martes 6, durante una diligencia judicial, el exlegislador Mendoza reveló un supuesto esquema para ofrecer cargos públicos a cambio de disciplina para la aprobación de leyes y para promover juicios políticos contra funcionarios del Gobierno.
Según Mendoza, a cambio de apoyo político, los asambleístas, principalmente del oficialismo y del BADI, recibirían cargos públicos. De esa manera podrían negociar contratos e incluso dinero, en negociaciones que habrían sido avaladas desde el Ministerio de Gobierno.
La titular de esa cartera, María Paula Romo, reconoció que mantuvo conversaciones constantes con asambleístas, incluido Mendoza; pero aseguró que en ninguno de los intercambios habló sobre la entrega de contratos, obras públicas o cargos.
