Quito, 05 may (La Calle).- Estudiantes, docentes, trabajadores y dirigentes de varios colectivos presentaron una demanda de incumplimiento de dictamen constitucional del estado de excepción, ante la Corte Constitucional, debido a los recortes presupuestarios a universidad públicas de todo el país.
En el documento sostiene que “el estado de emergencia es un medio para resguardar a las personas con el fin de superar la crisis y no para ahondarla o aprovecharse de ella para implementar programas políticos no autorizados por la Carta Constitucional o cumplir con condicionamientos externos, como los que se conoce públicamente ha impuesto el Fondo Monetario Internacional para prestar dinero al país”.
Por tanto, la demanda solicita que se declare que el Gobierno incumplió el dictamen de constitucionalidad del estado de excepción y se reintegre el presupuesto a las Universidades y se dejen sin efecto los despidos causados por esta decisión.
La reducción del presupuesto de las universidades es inconstitucional. El artículo 165, numeral 2 de la Constitución reza: “Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”.
«Restringir el presupuesto a las universidades públicas reduce el ingreso de los jóvenes que provienen de los hogares pobres […] y constituye una clara acción discriminatoria porque afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen, vienen de las zonas rurales y no tienen ninguna otra posibilidad de acceder a la educación”, señala el documento. Esta acción, por lo tanto también viola el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de […] condición socio-económica; ni por cualquier otra distinción […]”
Esta demanda será notificada al presidente Lenin Moreno, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, así como al viceministro Fabián Carrillo, así mismo al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
La acción se interpuso en la Corte Constitucional debido a que es el órgano encargado de vigilar, durante esta etapa de excepcionalidad, que se respete la Constitución y garantice su plena vigencia, haciendo cumplir los términos autorizados por la excepcionalidad.
La Carta Magna, en su artículo 436, señala que una de las funciones de la CC es “ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias”, así como “efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales”.
Por tanto, para estos colectivos, de no hacerse efectiva esta demanda, “la Corte Constitucional sería una simple espectadora de cómo el poder, amparado en su dictamen, en nombre de la Constitución atropella la división de funciones y los derechos fundamentales”.
