Quito, 29 ago (La calle).- Un estudio elaborado por la Agencia Internacional de Servicios Públicos (PSI), revela que las empresas transnacionales pretenderían demandar a diferentes países latinoamericanos, mediante acuerdos conocidos como Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Esto, por la aplicación de medidas para apalear la crisis, con la finalidad de aumentar sus ganancias a costa de la pandemia y los Estados.
Los ISD son acuerdos que permiten a las transnacionales llevar a juicio a los gobiernos, al percibir que sus ganancias se ven afectadas por políticas públicas que durante la crisis del Covid-19 han aumentado. Por ejemplo: Si el gobierno pide el uso de camas médicas de centros privados; la organización podría pedir indemnizaciones a partir de procesos que se juzgan en tribunales privados en el exterior.
Este fenómeno se ha incrementado durante las diferentes crisis que existieron en los últimos 30 años. Al menos 170 procesos de ISDS han sido iniciados por transnacionales contra países latinoamericanos.
El 70% de las acciones judiciales obtuvieron fallos que beneficiaron a las empresas, generando pérdidas para los gobiernos. Se llegaron a pagar en toda Latinoamérica alrededor de 22 mil millones a empresas extranjeras. Valor que supera al PIB de distintos países de la región.
¿Cuánto pagó Ecuador?
El Ecuador llegó a pagar $1.739 millones por los ISDS, lo que equivaldría a la compra de más de un millón de camas hospitalarias; o aproximadamente 10 hospitales completos.
El estudio de la PSI revela que existen saltos cuantitativos durante las diferentes crisis económicas: como en 1997, 2001 y 2007. Esto sucede debido a que las empresas se aprovechan de las crisis para potenciar sus ganancias a costa de los gobiernos locales.
Cecília Olivet, científica social experta en regímenes de inversión, exclamó sobre la situación actual: “más de una decena de Bufets de abogados especializados en el arbitraje internacional de inversiones comenzaron a publicar anuncios para sus clientes; organizar webminarios y anunciar con entusiasmo que las medidas de emergencia del Covid-19 (que alrededor del mundo los gobiernos estaban tomando) iban a generar un boom en las demandas de inversores extranjeros, ante tribunales internacionales de arbitraje.
Por lo tanto, están esperando que esta nueva crisis que vivimos, abra de nuevo una oportunidad para grandes ganancias”. Además, el estudio de la PSI revela que si se observa la estrategia que se dibujan los estudios jurídicos de las multinacionales, existirá una ola de demandas hacia los gobierno de Latinoamérica.
La respuesta a estas medidas
Durante la elaboración de Constitución del 2008, se creó el Artículo 422: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. Lo que le permitió al Ecuador aplicar durante más de 10 años políticas que beneficien a los ciudadanos como: el congelamiento de tarifas y extensión de pagos, para asegurar que la población siga accediendo a servicios básicos como el agua y luz. Sin temor a sufrir demandas por las ISDS.
Sin embargo, durante marzo del 2020, poco antes de la declaración del estado de excepción, el gobierno de Lenin Moreno intentó “reinterpretar” este artículo a favor de las multinacionales. Acción que fue impedida por la plataforma ciudadana “Ecuador Decide Mejor sin TLC”.
