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Estado fallido: ningún rincón se salvó de las balaceras en 2023

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Quito, 29 dic (La Calle).- El 2023 se termina y la violencia e inseguridad no ha dejado un rincón intacto. Hospitales, universidades, escuelas, restaurantes, estadios, mercados, centros comerciales y hasta iglesias han sido el escenario de balaceras o atentados en los últimos años.

La ausencia del Estado, la falta de políticas de seguridad y la deplorable institucionalidad que tiene Ecuador generó que el país cierre el año con más de 7.000 muertes. De esa cifra, cerca de 150 niños fueron víctimas de los homicidios. Estos fueron algunos de los sucesos que conmocionaron al país.

Tragedia en una iglesia

La noche del 28 de diciembre de 2023, antisociales asesinaron a un niño y un adulto dentro de una iglesia, en Manta. El hombre recibió varios impactos que lo dejaron tendido entre las bancas. Mientras que un proyectil dejó mal herido al pequeño, su muerte se confirmó minutos más tarde en una casa de salud.

“Los asesinaron por error”

Al desamparo de las autoridades se suma la insensibilidad de las instituciones del orden. El pasado 12 de diciembre, sicarios asesinaron a cuatro menores de edad, entre cinco meses de nacido y siete años, un neonato y una mujerpor error”. Esa fue la explicación que dio la Policía Nacional luego de que el hecho se diera a conocer.

Aunque la ministra de Gobierno y el Interior, Mónica Palencia anunciara -en entrevista televisiva- que ya tenían ubicados a los responsables del acto, solo un sujeto está detenido.

Balaceras en escuelas

Las escuelas, universidades y centros de aprendizaje dejaron de ser un lugar seguro en los últimos dos años. Cerca de 147 niños fueron asesinados en los exteriores o cuando se dirigían a los planteles. La exministra de Educación, María Brown y el expresidente Guillermo Lasso pusieron la seguridad de los estudiantes en el “Plan Escuela Segura”. No obstante, en dos años de gobierno no pasó de la fase de prueba.

Uno de los casos más sonados fue el del 25 de mayo, las puertas de la escuela Pedro Vicente Maldonado, ubicada en Socio Vivienda 2, Guayaquil, cerró sus puertas luego de que una balacera aterrorizara a estudiantes y docentes.

De acuerdo con la versión de varios testigos, los implicados se subieron hasta el techo del plantel, para continuar con lo que sería una disputa entre bandas. El enfrentamiento se dio cuando los estudiantes de la tarde se dirigían a sus hogares. Además, indicaron que la Policía no hizo nada, pues alegó que “en peleas de bandas no se pueden meter“.

“Dice mi madre que en su vida había corrido tanto. De curso en curso corriendo con los menores, mientras veían la sangre en el suelo de los miembros de las bandas heridos. Tirándose al suelo junto a sus compañeras docentes y los niños, para salvar su vida”, escribió un testigo.

90 alertas de amenazas…

Hasta mediados de 2023, las amenazas de atentados en hospitales superaron sobrepasaron las 90 llamadas. “Las bandas criminales han secuestrado centros de salud o accedido para asesinar a algún paciente”, detalló una autoridad.

Durante 2023, los antisociales “adoptaron una nueva modalidad para delinquir”. Disfrazados de agentes, médicos e incluso ingresando por la fuerza asesinaron a otros pacientes o rivales. Sin importar los espacios, los delincuentes dispararon en el área de recuperación, salas de espera o camillas. El gobierno de turno tenía el “Código de Plata” un mecanismo que prevenía los atentados en los centros de salud. Sin embargo, hasta el momento no cumplió con los protocolos que esperaban.

Uno de los países más peligrosos

Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro a ser uno de los pioneros en inseguridad en América Latina. El país rebasó la ubicación de Venezuela. Según una encuesta de CID Gallup, el 64 % de los encuestados aseguraron no sentirse seguros en el país, sobre todo en la noche. Y solo el 35 % considera que no hay mayor preocupación en el país.

La encuesta reveló que los ecuatorianos se ven afectados por los siguientes problemas: la violencia desatada entre pandillas, el narcotráfico y disturbios civiles. Además, señaló que el recorte presupuestario a los centros penitenciarios ha hecho que el Estado sea incapaz de controlar el tráfico internacional de drogas.