Quito, 30 de jul (La Calle).- El informe final de la Defensoría del Pueblo del “caso Furukawa” alerta sobre la continua situación de esclavitud moderna que sufren los trabajadores abacaleros en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones del Ecuador. Además señala el incumplimiento y omisiones de funciones por parte del Estado y las acciones que ha tomado la empresa para mitigar el problema.
“El Estado ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las y los trabajadores de la empresa Furukawa, afectando la vida digna, la prohibición de esclavitud, la integridad personal, la identidad, la familia y el interés superior del niño, por la omisión de control adecuado de parte de las autoridades respectivas”, reza el Resumen ejecutivo del Informe del caso.
El informe detalla la vulneración de derechos de más de 1.200 personas y alrededor de 400 familias, que trabajan y viven en las 2.300 hectáreas de tierra de Furukawa. También advierte que de no darse la reparación integral se iniciarán acciones judiciales a escala nacional e internacional.
Décadas de esclavitud
En febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo evidenció la grave situación en las que vivían y viven las familias en las haciendas de abacá de la empresa Furukawa. En su primer informe indica que las familias extraen la fibra de abacá desde hace más de 56 años. Dicha labor la realizan sin tener contratos de trabajo ni seguridad social, subsistiendo en condiciones infrahumanas y precarias, sin agua potable, luz ni saneamiento ambiental. Además de hallarse trabajo infantil y jornadas laborales superiores a las 10 horas.
En 17 campamentos, ubicados en Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, se configuraron prácticas prohibidas por la Convención de la ONU sobre la Esclavitud en 1926 y por la Convención Suplementaria sobre la misma temática en 1956.
¿Y dónde está el Estado?
Cuando inició el caso, todo apuntaba a que el Estado garantizaría los derechos humanos y laborales de los abacaleros, junto con una reparación integral. La ex Secretaria Nacional de Gestión de la Política, actual Ministerio de Gobierno, lanzó expectativas que jamás se cumplieron: liquidación de los trabajadores de acuerdo a marcos legales y expropiación y entrega de tierras a las familias, como compensación por el trabajo esclavizante.
Sin embargo, ninguna acción se concretó. La Defensoría del Pueblo detalla la inoperancia y omisión de distintas carteras del Estado.
El Ministerio de Trabajo ha incumplido con la obligación de apoyar en las investigaciones por violencia de derechos humanos. Además, no reguló efectivamente las actividades de control y se limitó a aplicar multas y sanciones. Sin embargo, la recaudación de esos valores sigue en arcas estatales y no se ha dictaminado como reparación económica a las víctimas.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería se negó a iniciar el proceso de expropiación de tierras de la empresa a pesar del respaldo del artículo 103, literal g de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que le permiten hacerlo de encontrarse situaciones laborales en condiciones infrahumanas.
La defensoría indica también la falta de seguimiento y actualización de informes por parte de los Ministerios de Salud, Educación, Gobierno, Inclusión Económica y Social, Dirección General del Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas en sus debidas competencias.
Furukawa a la defensiva
La empresa ha negado constantemente su relación laboral con los abacaleros alegando que las tierras son arrendadas. Por tanto, los arrendatarios son los responsables de la mano de obra que opera en la extracción de abacá, no la empresa.
Algunos trabajadores recibieron dinero por parte de la empresa para abandonar las tierras y compensaciones irrisorias como liquidaciones de 300 a 2.000 dólares por décadas de trabajo. No obstante, en los marcos legales las liquidaciones correctas ascendían los 9.000 dólares.
En abril de 2019, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) emitió una carta de “protección al Estado” en defensa de Furukawa. Esto le permitió seguir laborando pese al cese de operaciones dictado por investigaciones de explotación laboral.
Esclavitud en medio del Covid-19
En mayo de 2020, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más advirtió que los trabajadores de la empresa siguen laborando sin equipos de protección ni medidas de bioseguridad. Como resultados varios abacaleros han dado positivo para Covid-19.
Los informes de Furukawa apuntan que cuentan con personal médico y realizan revisiones periódicas, campañas de vacunación, asistencia médica y atención psicológica. No obstante, tanto los trabajadores como la defensoría desmienten estos hechos. En junio de 2020, el Informe de Inspección en Seguridad y Salud en el Trabajo de la hacienda Isabel remitido por el Ministerio de Trabajo concluye “los centros de trabajo no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad (…) mantienen el 92,85% de incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud”.
Siguen trabajando y esperando
Los abacaleros siguen esperando la respuesta del Estado. “Ninguna de las acciones de estas carteras del Estado cambió de manera adecuada y efectiva la situación estructural de pobreza y esclavitud” añade la Defensoría del Pueblo.
Los abacaleros trabajan jornadas superiores a las 10 horas diarias, sin alimentación por parte de la empresa, sin acceso al agua potable y energía eléctrica y sin atención médica ni psicológica. La explotación laboral, violación de derechos humanos y el trabajo infantil continúan operando en varios campamentos de la empresa japonesa.
