Por: Jackie Herrera
Luego de que el pasado 14 de junio la Asamblea Nacional negara el pedido de juicio contra la vicepresidenta Verónica Abad y de levantarle su inmunidad, con 75 votos en contra y 41 a favor de la bancada oficialista, el Ejecutivo revisa nuevas opciones para evitar a todo coste político que la segunda mandataria permanezca en su cargo hasta el periodo de campaña electoral en febrero de 2025. El Gobierno de Daniel Noboa ha venido ejecutando una serie de acciones mediáticas, políticas y penales que, hasta ahora, no han logrado el cometido de sacar del juego a quien fuera su binomio en la papeleta de 2023.
Se anticipaban tres posibles escenarios. El primero sería interpretar a la medida del actual gobierno el vacío legal en la Constitución del 2008 respecto de los periodos extraordinarios posteriores a una muerte cruzada, que ya ha sido aclarado por la Corte Constitucional, dejando la posibilidad de solicitar licencia a una “obligación ética” del presidente. El segundo, que aún sigue en la mira del Ejecutivo, se trata de la ausencia geográfica de Abad que no le permitiría asumir la presidencia del país, temporalmente. Y, el tercero, fue dejar en manos de la justicia nacional los procesos que vincularían a la vicepresidenta en casos que podrían llevar a su eventual destitución, antes del periodo de campaña.
En este último escenario entrarían a la cancha otros actores políticos. La “segunda fase” de este “plan” tuvo a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, quien solicitó a la Asamblea Nacional la autorización de enjuiciar penalmente a la vicepresidenta por supuesto delito de concusión en el sonado “Caso Nene”. Sin embargo, este intento por la vía legislativa y penal se vería bloqueado al no contar con los 92 votos necesarios. Las bancadas de la Revolución Ciudadana, Social Cristiano y Construye decidieron no hacerle la venia a los intereses personales y políticos del presidente, indicando que este conflicto no tendría por qué resolver el cuerpo legislativo y que debería subsanarse con madurez política entre ambos mandatarios.
De tal manera que, tras estos reveses, la situación de Verónica Abad se convierte en el punto de partida electoral que modifica el tablero para las candidaturas de quienes buscan ocupar el sillón de Carondelet el próximo año. La carrera presidencial anticipada apenas empieza y el oficialismo ya tiene otras cartas. En un segundo intento, este lunes 17 de junio la Fiscalía General del Estado cambió de delito y solicitó a la Unidad Judicial Especializada de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado una fecha y hora para audiencia a Daniel Redrován, supuesto asesor de vicepresidencia. Y es que, ahora, las investigaciones sobre el “Caso Nene” continuarán por presunta oferta de tráfico de influencias y ya no por concusión, como estaba previsto en la “primera fase” del plan de sacar a Abad del cargo.
También “coincide” la nueva denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, actual consejero del CPCCS, ante el Tribunal Contencioso Electoral para lograr una destitución de la vicepresidenta por supuesta campaña anticipada en el 2023. La primera denuncia fue archivada luego de que el abogado Ronald Morocho acusó a Guarderas de falsificar su firma para completar el proceso. Sin embargo, también en un segundo intento y aferrándose a su carrera como denunciólogo, el recién ascendido consejero del CPCCS volvió a presentar esta denuncia mediante un escrito de 23 hojas con más de 135 anexos.
El gran revés inesperado
La jugada legislativa aplicada por el presidente Noboa puso mucho en riesgo. A puertas de este último revés, el Gobierno desistió de eliminar al movimiento Construye de las próximas elecciones a través del Tribunal Contencioso Electoral. Pero esta última carta no le resultaría al Ejecutivo, pues el movimiento de María Paula Romo se abstuvo de votar para enjuiciar y levantar la inmunidad de la vicepresidenta. El Partido Social Cristiano también fue parte de este revés. Días previos al pleno, Henry Konfle evidenció el desmarque de su bancada de las líneas del Ejecutivo, con miras hacia entrar en la carrera electoral con su propio candidato presidencial, y que terminó sumándose a los votos de los legisladores de la Revolución Ciudadana.
Con estas fichas sobre el tablero, tres bancadas en contra y una popularidad en descenso, el manejo de los poderes del Estado no parece ser el as bajo la manga de Noboa, a pesar de que el poder Judicial tuvo un importante, y sorprendentemente ágil, rol para actuar en favor de los intereses del gobierno de turno. El tiempo es corto, la carrera electoral apremia y las estrategias se agotan. Parece que perseguir a quienes le incomodan al Ejecutivo ya no es la vieja confiable, y menos aún eficiente para un gobierno que en seis meses tiene más enemigos y hace de todo, excepto “resolver” las crisis de un electorado que lo sancionará ética y moralmente en las urnas.
