Por: Ronald Rodríguez
Ecuador vive días convulsos. La democracia, ya erosionada por la desconfianza ciudadana, se ve sacudida ahora por una denuncia tan alarmante como difusa: el gobierno de Daniel Noboa afirma haber desarticulado un supuesto plan de magnicidio, en el que estarían involucrados sicarios mexicanos y actores políticos locales vinculados —según la narrativa oficial— a “sectores derrotados” en la reciente contienda electoral. La acusación se presentó bajo un título que, lejos de buscar apaciguar el ambiente, parece diseñado para polarizar aún más: “La venganza de los malos perdedores”.
La gravedad de una amenaza contra la vida del presidente no puede ser minimizada. Sin embargo, el contexto y la forma en que se ha comunicado esta denuncia invitan a una lectura crítica. El país se encuentra en plena efervescencia política, con la oposición —particularmente la liderada por Luisa González y el expresidente Rafael Correa— denunciando presuntas irregularidades en el balotaje del 13 de abril. La propia Organización de Estados Americanos, en su informe preliminar, ha señalado inconsistencias en el proceso electoral, incluyendo fallas técnicas y retrasos que afectaron la transparencia del escrutinio.
En este clima de tensión institucional, el anuncio de un intento de asesinato presidencial, sin pruebas públicas claras ni detalles verificables, podría funcionar no solo como una alerta, sino como una herramienta de reposicionamiento político. La apelación al miedo como recurso para cohesionar el poder no es nueva: se inscribe en lo que la periodista e investigadora Naomi Klein definió como “la doctrina del shock” —una estrategia que utiliza situaciones extremas o traumáticas para implementar medidas excepcionales, justificar decisiones autoritarias o silenciar el disenso.
¿Está el gobierno enfrentando una amenaza real, o está utilizando el pánico como instrumento de control político? Esta pregunta, lejos de ser retórica, es fundamental para entender el momento que atraviesa Ecuador. Porque si bien el Estado tiene el deber de proteger la vida del presidente y de actuar con contundencia ante cualquier amenaza, también tiene la obligación de rendir cuentas con responsabilidad, transparencia y mesura. El uso de una narrativa cargada de epítetos ideológicos y de acusaciones sin sustento público debilita la credibilidad institucional, en lugar de fortalecerla.
El riesgo no es solo el descrédito. El verdadero peligro es que se normalice la manipulación del miedo como forma de gobierno, y que el país, en lugar de recuperar la confianza en sus procesos democráticos, se sumerja en una espiral de paranoia, persecución y polarización permanente.
Ecuador necesita claridad, no consignas. Responsabilidad, no espectáculo. Verdad, no relatos que se ajustan al guion del momento. La legitimidad de un gobierno no se consolida con discursos encendidos ni con enemigos invisibles, sino con hechos, transparencia y respeto a la institucionalidad.