Quito, 09 jul (La Calle). Un informe de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil (CDHGYE) y el Comité de Familiares de las Personas Privadas de la Libertad indica que entre 2018 a 2023, 680 personas murieron en custodia del Estado, es decir, dentro de las cárceles.
En 2018 existieron 15 asesinados; en 2019 fueron 30; en 2020, 51. Durante 2021, asesinaron a 348 ppl; 147 en 2022 y 89 en 2023. En estas muertes había un conocimiento previo, ya que los reos informaban a sus familiares de las masacres y el peligro de ser asesinados. La falta de reacción del Estado y la complicidad también agrava las cosas.
«Hasta la fecha, no existen protocolos de asistencia, acompañamiento y/o contención
emocional integral a las familiares que han recibido el cuerpo de su pariente fallecido en
prisión . De hecho, los procesos para brindar información han sido muy informales y
violentos. En la mayoría de casos, las familias han tenido que aportar con información al
Estado para la identificación de los cadáveres», dice parte de este informe. A ello se suma que las masacres mostraron actos de violencia extrema que evidencian las condiciones de vida para los PPL.
¿Qué pasa en 2024?
Con el ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles del país, empezaron a evidenciarse actos que atentan contra los derechos de los PPL, entre los que se encuentran: la restricción de acceso a agua potable y alimentación desde el 15 de enero. También el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Las familias indicaron que estaban incomunicados desde que inició la intervención de las FF.AA.
Otras prácticas que llegan a la tortura se habrían producido en el interior de los Centros de Reclusión: negación paulatina de alimentación, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana.
«En una visita realizada por el equipo del CDH el domingo 21 de enero y lunes 23 de enero del 2024 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 (Penitenciaría del Litoral), se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de
libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional,
además la respuesta represiva de la fuerza policial», dice una parte de este documento.
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¿Qué sigue ahora?
El Comité de Familiares por la Justicia y el CDHGYE presentarán el informe al Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revisarán el caso entre el 9 y 10 de julio, donde tendrán constancia del Informe de la sociedad civil y las organizaciones de DD.HH. como del Gobierno Nacional.
