Quito, 9 jun (La Calle).- La integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Yadira Saltos aseguró que el organismo es incómodo para el Gobierno Nacional desde que dieron voz a las denuncias de los ciudadanos contra algunos funcionarios.
Saltos indicó, en entrevista para Radio La Calle, que todo comenzó cuando atendieron el pedido de Pablo Jaramillo sobre la nula ejecución del presupuesto por el Ministerio de Seguridad. Luego con la denuncia de Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Recalcó que el decreto 759, con el que los desalojaba del edificio donde mantienen su sede, se trataría de «balas mercenarias» contra la ciudadanía, pues justifica la persecución hacia el Cpcss.
«Vamos a sesionar hasta las últimas consecuencias, con o sin edificio nuestro trabajo va a continuar», dijo.
¿Algo precipitado?
La consejera mencionó que antes de firmar el decreto tuvo que existir una charla entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Ante este panorama, enfatizó que impondrán una acción de protección y si no es suficiente acudirá a instancias judiciales.
Saltos recalcó que el documento con el que se formó el acuerdo entre el Cpccs y el Banco Central del Ecuador (BCE) no tiene fecha de expedición, por lo que el jefe de Estado estaría cayendo en otro incumplimiento.
La gota que derramó el vaso…
El primer mandatario intentó restarle funciones al Consejo en la consulta popular del 5 de febrero, sin embargo, los ecuatorianos no apoyaron esta propuesta. Según Saltos, al presidente no le parece que el Cpccs sea el quinto poder que exija una rendición de cuentas a los funcionarios.
«Encárguese de lo que le corresponde y no a perseguir a la casa del pueblo. El Consejo lo único que ha intentado es recuperar la institucionalidad. Entendemos el nerviosismo de la fiscal», apuntó. (N.J.C)
