Quito, 19 ago (La Calle). – La Comisión de Fiscalización y Control Social realizó una comparecencia para brindar un espacio de confrontación y aclaración de dudas en el curso de la investigación del caso Danubio.
La tarde de este viernes, la Comisión de Fiscalización, notificó el informe proporcionado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) a través del cual se plantea el pago de USD 34 por cada contenedor utilizado en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, en el decreto 227 firmado por el presidente Lasso el 19 de octubre del 2021 no se encontró ninguna estipulación de este tipo.
Así, en la comparecencia la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aclaró las interrogantes sobre este informe y su presunta vinculación en el delito de participación ilícita por parte de los funcionarios de la SENAE y el caso Danubio.
Investigación en el caso Danubio
La investigación del caso Danubio inicia el 23 de septiembre del 2021, por una denuncia realizada por la directora general de Aduanas, Carola Ríos. Esto, a partir de la presunta oferta de USD 3 mil para que Sergio Peña se desempeñara como Subdirector de Operaciones del SENAE.
Y, tras 10 meses de investigación, se prevé que esta culmine el 20 de octubre de este año, siempre y cuando no se relacionen a terceros a este proceso.
Caso contrario, la investigación se extenderá 30 días más, con el afán de que las personas involucradas puedan rendir sus declaraciones.
Así, a través de la utilización de técnicas especiales de investigación, como: allanamientos, intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, etc., hasta el momento se han procesado a ocho personas: Juan José Aucancela, Sergio Peña, Jhon Salas, Henry Cabrera, Marcos Reyes, Pedro García, Marcos Leiva y Victor Tanato.
Ante esto, Salazar insistió en la importancia de la reserva y el cuidado en el manejo de la información. Pues de esta manera se evitará que las personas que aún no han sido llamadas a comparecer.
Además, recalcó que la salida de la fiscal Claudia Romero de este caso, se debió a que el 05 de julio del 2022, la sala especializada de la Corte, la declaró negligente para esta función debido a una denuncia presentada en su contra.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura resolvió poner en su lugar al juez Burbano y continuar con el proceso de investigación.
Facetas de la investigación en reserva
La fiscal comentó que hay aspectos que no pueden ser revelados en esta parte de investigación para evitar anticiparse a un dictamen.
Asimismo, mencionó que las investigaciones periodísticas y otros elementos que son de conocimiento público pueden llegar a entorpecer las investigaciones de la Fiscalía por su pronta publicación.
Y, que estos aportes necesitan un proceso de verificación y exposición ante un juez para que puedan formar parte de la indagación.
Además, con base a los elementos recopilados informó que la FGE en su propósito de luchar contra la corrupción y crimen organizado solicitará a todos los involucrados rendir cuentas sin importa su cargo o posición política.
“La Fiscalía no persigue personas, sino hechos, y los que están vinculados a estos, deben responder ante la justicia, todos debe asumir las consecuencias”, aseguró.
Interrogantes en el curso de la investigación del caso Danubio
Por su parte, el asambleísta Roberto Cuero, puntualizó su inquietud sobre en calidad de qué (procesado, acusado, etc.) se encentra el implicado Juan José Pons.
A lo que la fiscal comentó que mediante el allanamiento al domicilio del mencionado se encontraron elementos que están siendo analizados junto al contenido de su teléfono. Y el acusado es investigado por el presunto ofrecimiento de cargos públicos.
Por otro lado, la asambleísta Paola Cabezas disputó la petición de discreción y prudencia en el manejo de información que solicita la fiscal, pues en otras ocasiones basta con un titular o una publicación para que se efectúen allanamientos y otras medidas de investigación.
Cuestionando si esto se debe a una situación que responde a la coyuntura o al cambio de los objetivos que persigue la institución.
A lo que Salazar respondió que “La Fiscalía actúa de manera objetiva, no persigue personas, sino hechos y se plantea obtener sentencias a partir de la recopilación de pruebas que puedan ser sometidas a una verificación”
Y, aclaró que de existir otros miembros involucrados en este caso, pertenecientes a no al núcleo del gobierno de Lasso, serán llamados a rendir sus versiones.
