Quito, 24 jul (La Calle).- En las últimas horas, el candidato a la Vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ha sido tendencia en redes sociales por unas polémicas declaraciones que fueron sacadas de contexto.
En entrevista para Órbita Juninense, Arauz fue interrogado sobre cómo combatirá el correísmo los altos índices de inseguridad en el Ecuador. A lo que respondió que conformarán una Mesa de Justicia y señaló: «vamos a sentarnos en la mesa, con los 10 más buscados de cada provincia para poner orden en todo el país».
Sin embargo, en otros espacios, el candidato de la RC ha explicado más fondo este punto del plan de gobierno del binomio González-Arauz.
¿Qué es realmente?
La Mesa de Justicia se trata de una iniciativa interinstitucional que coordine y articule a varios poderes del Estado para atrapar a los 10 más buscados por provincia y por delito, no para sentarse con ellos.
Se refiere al trabajo conjunto del Ejecutivo -a través de los ministerios y secretarías- con la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La propuesta ya existía en el gobierno de Rafael Correa con la participación de los ministerios sectoriales y los coordinadores. Sin embargo, durante el mandato de Lenín Moreno se eliminaron, fueron absorbidos o fusionados.
Por ejemplo, el Ministerio de Justicia -que se encargaba de las cárceles- fue eliminado en 2018. Asimismo, el Ministerio Coordinador de la Seguridad -que velaba por la seguridad de la ciudadanía en todas sus formas- fue eliminado en 2017. Ambas carteras bajo el argumento de optimizar el Estado.
Lo que Arauz propone es revivir estos esfuerzos del Estado. Que todas estas entidades se reúnan periódicamente para revisar los avances en las investigaciones y detenciones de los 10 más buscados.
«Revisábamos la lista, de ellos cuáles habían sido capturados, de cuáles se habían formulado cargos, de ellos cuáles los jueces dejaron o no libres y actuar de forma preventiva para que la justicia y la política pública de seguridad estén articulados», expone.
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