Empresas privadas afectan a más de 57 mil trabajadores con reducción de jornada laboral

Quito, 01 dic (La Calle). – El 87% de los contratos emergentes en Ecuador fueron aplicados de forma retroactiva, meses antes de su notificación, afectando a 57.139 trabajadores.

«Los nuevos contratos que permiten la reducción de la jornada laboral en la Ley de Apoyo Humanitario se están realizando de manera retroactiva. Por ejemplo, el empleador puede firmar un nuevo contrato en octubre, pero lo hace correr desde el 22 de julio y eso es ilegal», explicó a Radio La Calle Pablo Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales–CDES.

La Ley establece que el traspaso, de un contrato de tiempo completo a otro de reducción de jornada laboral, debe correr de forma posterior al registro. Esta reducción se puede aplicar hasta por un año, renovable por el mismo periodo, por una sola vez.

Sin embargo, datos del Ministerio de Trabajo revelan que 5.888 empresas
dejaron de pagar a sus trabajadores entre USD 18 y USD 25
millones de dólares.

Caso Explocen

Uno de los ejemplos latentes es el caso Explocen. El Gerente General de la empresa, con el respaldo del ISSFA, rebajó la jornada laboral y en consecuencia las remuneraciones de la mayoría de trabajadores. El Gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días que no fueron remunerados completamente.

La Fiscalía de Cotopaxi solicitó la comparecencia de los miembros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Los comparecientes, incluido el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, deberán responder sobre actuaciones de la empresa EXPLOCEN contra sus trabajadores.

Entre las empresas que afectaron a los trabajadores están nombres reconocidos como: Grupo El Comercio, Universidad de las Américas, Avianca, Dilipa, Deli Internacional y KFC.

Iturralde asegura que la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Trabajo. «Tiene la obligación de revisar que los contratos sean legales y que respeten los derechos de los trabajadores».

El CDES en conjunto con el Frente Acción Jurídica Popular evaluarán la situación para tomar acciones con las organizaciones de trabajadores.

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