por Renato Villavicencio Garzón
La campaña electoral 2023 acaba de iniciar oficialmente esta semana, aunque el ambiente electoral ya se siente desde hace algunos meses. Como ya se ha hablado, este 5 de febrero próximo el Ecuador no solo votará por sus nuevas autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sino también lo hará sobre las 8 preguntas que conforman la consulta popular que el gobierno de Guillermo Lasso ha presentado a la ciudadanía. Esto último hará que el flujo de información electoral gravite mucho más sobre la consulta popular que sobre las candidaturas antes mencionadas y sus planes de trabajo.
Analizamos en un anterior artículo sobre cómo, en un nivel discursivo, esta nueva consulta popular es un intento del Ejecutivo de Lasso para recuperar el control del debate público a medio plazo y contrarrestar el peso de una gestión neoliberal mediocre. Los temas propuestos en las preguntas claves (extradición, reducción de asambleístas y facultades del CPCCS) le permitirían encender de nuevo, desde su populismo de derecha, la hoguera del anticorreísmo infiriendo ahora una nueva
excusa para reducir la idea de pueblo en Ecuador. Ya hemos presenciado al presidente Lasso acusar de narcotraficantes a quienes apoyen el «No» en su consulta popular. La frontera que está trazando desde hace unas semanas el gobierno lassista implica redoblar la apuesta populista que tanto le funcionó en la consulta popular de febrero de 2018 y en las elecciones presidenciales de 2021.
Ahora, ser conscientes de estas intenciones discursivas no implica para los grupos de oposición al actual gobierno (especialmente para los bloques de izquierdas) que se deba operar obligatoriamente dentro de estos marcos. Está claro que el gobierno está usando sus vastas herramientas comunicacionales a su disposición (públicas y privadas) para mejorar sus posición relativa y así asegurar el cumplimiento de sus objetivos oligárquicos, pero los demás actores no tienen por qué responder en estos mismo términos. Es más, aceptar los marcos de discusión que plantea Lasso y su equipo sería entregarles una ventaja innecesaria en un momento de mucha debilidad gubernamental.
Entonces, ¿qué podrían plantear los grupos y movimientos de izquierda para enfrentar esta nueva arremetida de la derecha? Para esto hay que entender el por qué el bloque oligárquico en el Ecuador se embarcó en la narrativa populista de derecha en primer lugar. Si algo significó discursivamente la Revolución Ciudadana en el Ecuador, fue la oportunidad de disputar abiertamente la hegemonía del discurso neoliberal y oligárquico que había primado por más de 25 años en la sociedad ecuatoriana. A partir de 2006 y hasta 2017, el proyecto político liderado por Rafael Correa representó mantener abierta esa disputa hegemónica en dónde la idea de pueblo se amplió, reivindicándola frente a unas élites impugnadas que habían mantenido por décadas al país bajo su dominio para proteger sus
privilegios.
Como en otros lugares, las élites desplazadas del poder buscan mover el marco del debate a otro en el que no se vean tan desprestigiadas, y, por tanto, tratan de alejar el debate público de los ejes de clase, como pueden ser el izquierda-derecha, el pueblo-oligarquía, o los de arriba-los de abajo, entre otros sucedáneos. El anticorreísmo es hijo de esta intención de cambiar los ejes de discusión político
hacia unos en los que la oligarquía pueda debatir en mejores condiciones y desprestigiar a sus oponentes. Así construyeron un relato en el que el odio político hacia un proyecto político es su ADN principal. Fue un camino largo de años en los que trató de luchar contra el discurso nacional y popular de la Revolución Ciudadana. De a poco fue ganando más y más terreno, y fue hasta que Rafael Correa dejó el poder en 2017, llegó Lenín Moreno, su traición política y la consulta popular de 2018 en la que el anticorreísmo logró su objetivo de ser el eje principal de discusión política.
A partir de ahí, ha sido muy complicado evadir la discusión en ese eje, especialmente, por el ecosistema de medios de comunicación que tiene el Ecuador y que ha formado un cerco mediático muy fuerte para consolidar ese tipo de relatos. Este fue el que protegió a Lenín Moreno, el Trujillato y aceitó la campaña política de Guillermo Lasso en 2021 y sus casi dos años de gobierno.
Pero luego de 4 años de gobierno oligárquico maquillado y, principalmente, después de casi 2 años de ser gobierno abiertamente, los resultados de su gestión empiezan a palparse todos los días en calle. No han sido capaces de mejorar lo que tanto se criticaba y al mismo tiempo han destruido lo que llegó a funcionar mejor. Es decir, el discurso anticorreísta entró en cortocircuito pues no se lo puede recibir de la misma forma siendo oposición que desde el sillón presidencial en Carondelet. El lugar de enunciación de los discursos siempre cuenta y condiciona su recepción.
Así es como los actores políticos en oposición al lassismo tienen ahora la oportunidad de disputar y romper el discurso lassista, pero recuperando otros marcos en los que la oligarquía y sus medios evitan debatir porque se sienten incómodos al verse expuestos. Algo que sería casi imposible si se termina debatiendo dentro del discurso anticorreísta que propone el gobierno.
Es por esto último, que la ventana de una campaña electoral tan amplia como la que acaba de empezar (elecciones locales, CPCCS y consulta popular) es una coyuntura importante para que el bloque de oposición pueda romper el marco propuesto por el lassismo en el poder, pero proponiendo la edificación de otros nuevos en los que los intereses populares puedan aparecer como el horizonte movilizador principal y los intereses del bloque oligárquico queden nuevamente descubiertos. Recuperar y renovar los discursos nacionales y populares se ha convertido en una urgencia latente luego de más de 5 años en los que el odio y la mentira política han sido el centro de gravedad del discurso político en Ecuador. Lo contrario significará seguir despertando los monstruos que habitan dormidos en los rincones más oscuros de toda sociedad.
Renato Villavicencio Garzón es Máster en Estudios sobre Globalización y Desarrollo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.
