El traslado del fondo documental arriesga documentos históricos

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Roger Gutiérrez, redactor.

Quito, 06 ene (La Calle).- “Sin una planificación adecuada, en medio de decisiones apresuradas y ante la falta del tratamiento técnico existe una clara vulneración de los bienes documentales”, afirma Ivette Celi, ex Subsecretaria de Memoria Social.

Estas declaraciones se producen en medio de la confirmación de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio trasladará en los próximos días bienes documentales a una nueva sede.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y la nueva dirección del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), determinaron como nueva sede de bienes documentales de alta importancia nacional como la «Declaración de Jamaica», al Centro de Investigación y Memoria del Patrimonio Cultural, un edificio ubicado entre las calles 10 de Agosto y 9 de octubre, barrio La Mariscal.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Cultura resaltó que “con esta decisión los bienes culturales y patrimoniales se ponen a buen recaudo una importante parte del patrimonio documental ecuatoriano que corre peligro”.

Celi afirmó que este nuevo espacio no cuenta con la climatización requerida y la infraestructura para millones de unidades documentales.

De Guatemala a Guatepeor

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos determinó en un informe, la posibilidad de un colapso estructural ante un evento sísmico del edificio Aranjuez, actual sede de resguardo de los distintos repositorios de la memoria social e investigación, a pesar de que este edificio sí dispone de una infraestructura técnica adecuada para los mismos. 

Se creía que estos fondos iban al edificio de la exUnasur, en San Antonio de Pichincha, sin embargo se optó por este nuevo destino, a pesar de que el Centro de la Memoria, no pertenecía directamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o INPC.

Celi reiteró que este traslado, «sería poner en riesgo a los bienes. Lo que están haciendo es priorizar pactos políticos y los negocios, antes que procesos de política pública y cultural”.

La exsubsecretaria concluye que este proceso presenta un escenario arriesgado e incierto, «sin los recursos económicos necesarios para adaptar los soportes técnicos para los bienes documentales se corre un riesgo, sobre todo si se los llevan a un edificio no apto técnicamente».  

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